El problema nace cuando el Gobierno anuncia que desde enero cobrará un recargo que puede llegar a los 72 euros por billete de avión. Este importe, ciertamente significativo, se aplicaría a los viajes de largo radio. En el corto radio también habría recargo, pero menor.

El impuesto se aplicaría a los que vuelen desde el uno de enero, también para los viajeros que hubieran comprado sus billetes antes de esa fecha y hubiera pagado el vuelo sin el impuesto. Lo que pone a las aerolíneas en un dilema: cobrar el dinero adicional o bien pagarlo de su bolsillo. De forma que, desde el 24 de octubre, tanto Air France como Corsair, cobraron el impuesto aún no aprobado. Una situación irreal.

Si hasta ahí es raro, mucho peor es lo que vendría después del 6 de diciembre, cuando cae el Gobierno de Michel Barnier, que había propuesto el impuesto nunca aprobado. Sin gobierno, sin presupuestos, tanto Air France como Corsair deciden devolver el dinero a los clientes. Esto se dice fácil, pero cuando se han vendido los billetes vía agencias, la devolución se complica. En ese lío se han metido .

Pero entonces aparece otro gobierno, el de François Bayrou, que podría volver a introducir el impuesto, incluso puede que con otros tipos. Entonces ya nadie sabe qué hacer porque el lío para los viajeros está siendo suficiente. Ahora ya nadie sabe de qué importe será el impuesto, ni tampoco la fecha de su introducción, con lo que la confusión es completa.

Que esto ocurra en un país bananero, se explica, que suceda en Francia, es un síntoma de desorden.

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