Las organizaciones consideran que este proyecto de ley, de ser aprobado, generaría consecuencias negativas tanto para la industria aérea como para los consumidores, afectando la conectividad y el desarrollo económico en los países involucrados. A continuación, se detallan las principales inquietudes:
Imposición de un Valor Máximo de Tarifa
La propuesta busca establecer tarifas y cargas aeroportuarias diferenciadas para vuelos directos y con escala entre Costa Rica y los estados centroamericanos y la República Dominicana, con base en un acuerdo de reciprocidad previo. Aunque la intención es beneficiar al consumidor mediante la fijación de un valor máximo en las tarifas aéreas para fomentar el tráfico interregional, consideramos que esta medida limita la libertad de los operadores aéreos para competir en el mercado de manera eficiente. Esto podría desincentivar la participación de ciertas aerolíneas en el mercado centroamericano y contravenir leyes y acuerdos internacionales vigentes.
Las aerolíneas determinan sus precios considerando una variedad de factores, incluidos los costos variables como el precio del combustible, los costos operativos y las condiciones competitivas de cada mercado. Imponer un límite a las tarifas aéreas, como se propone en este proyecto de ley, se asemeja a un control de precios, lo que restringiría la libre competencia, reduciría la apertura de nuevas rutas y afectaría la conectividad de Costa Rica con otros países, disminuyendo así los beneficios económicos que el transporte aéreo aporta al país.
Inconformidad con las Directrices de la OACI
El proyecto introduce tasas aeroportuarias diferenciadas para vuelos específicos, lo cual contraviene los principios de no discriminación y transparencia establecidos en el Documento 9082 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Además, la ausencia de consultas públicas previas debilita la legitimidad y transparencia del proceso legislativo.
Bajo el proyecto de ley propuesto, los pasajeros que opten por volar con aerolíneas cuyas tarifas superen el techo establecido se verán discriminados, ya que estarán sujetos a un costo significativamente mayor en términos de tarifas y cargas aeroportuarias, en comparación con aquellos que elijan aerolíneas con tarifas por debajo de dicho límite. Esta discriminación en el trato no solo crea una inequidad entre los pasajeros, sino que también penaliza a aquellos que, por motivos de preferencia, necesidad o disponibilidad de horarios y rutas, eligen aerolíneas que podrían tener precios ligeramente más altos. Esta medida, lejos de beneficiar al consumidor, distorsiona el mercado y atenta contra los principios de equidad y transparencia que deben guiar las regulaciones en la aviación.
Es importante destacar que, en el contexto actual, más del 51% de la capacidad de asientos ofertada desde Costa Rica hacia los países mencionados en el proyecto de ley se ofrece en aerolíneas 'full service'. Estas aerolíneas tienen tarifas base que, en muchos casos, superan el techo de tarifa 'limpia' propuesto por la ley. A diferencia de otros operadores, que segmentan distintos servicios como el equipaje y otros beneficios que no están incluidos en la tarifa base, las tarifas 'limpias' de las aerolíneas 'full service' ya incluyen muchos de estos servicios adicionales.
En realidad, los pasajeros terminan pagando más que la tarifa base anunciada cuando se consideran todos los servicios adicionales que necesitan para su viaje. La tarifa 'limpia' mencionada en el proyecto de ley no refleja el verdadero costo total que enfrentan los viajeros, lo que puede llevar a una percepción equivocada sobre el precio real del servicio.
Sostenibilidad Económica
El techo tarifario propuesto obligaría a las aerolíneas a vender boletos por debajo del punto de equilibrio, lo cual es económicamente insostenible. Esta situación podría afectar la calidad y disponibilidad del servicio, poniendo en riesgo la continuidad operativa de las aerolíneas afectadas.
Ausencia de Fallos de Mercado y Creación de Fallos de Estado
No se han identificado fallos de mercado que justifiquen la intervención gubernamental propuesta. La industria aérea ha demostrado ser capaz de autorregularse adecuadamente. Sin embargo, el proyecto de ley podría generar fallos de gobierno al distorsionar la competencia y conducir a una asignación ineficiente de recursos.
Para evitar un posible fallo de gobierno y ante las numerosas manifestaciones técnicas que se han presentado, las cuales podrían perjudicar significativamente a la industria aérea y al turismo en Costa Rica, ALTA y ALA consideran prudente llevar a cabo una consulta constitucional. Esta consulta garantizaría que las decisiones tomadas se basen en una evaluación jurídica sólida y en un análisis profundo de las implicaciones que estas medidas podrían tener para el desarrollo económico y la conectividad del país.
Propuesta de Solución
ALTA y ALA recomiendan retirar el proyecto de ley en su totalidad o, al menos, revisarlo para permitir que todos los pasajeros tengan igualdad de condiciones en cuanto a las tasas y cargos aeroportuarios que pagan. En lugar de establecer condiciones que limitan las tarifas, consideran que el gobierno debería concentrarse en fomentar la competencia en el mercado aéreo al permitir que las aerolíneas puedan ofrecer de manera libre los servicios asociados a las necesidades e intereses del usuario y las consideraciones de mercado. La práctica internacional dicta que la política tarifaria debe dejarse a discreción del operador aéreo, con transparencia en su fijación y asegurándose que el consumidor final esté siempre bien informado.
Es importante destacar que, durante los últimos 20 años, la industria aérea en Costa Rica ha demostrado ser capaz de transferir sus eficiencias directamente al consumidor final mediante una significativa reducción de tarifas. En 2003, el ingreso medio por tonelada-kilómetro transportado de las aerolíneas basadas en Costa Rica era de aproximadamente 143 centavos de dólar, mientras que en 2023 se redujo a 88 centavos. Esto refleja una disminución de más del 30% aun sin tener en cuenta los efectos de la inflación. Esta reducción es un claro indicador del esfuerzo constante por parte de las aerolíneas para optimizar sus operaciones y ofrecer tarifas más accesibles a los pasajeros, fomentando así una mayor conectividad y crecimiento económico en el país.
Conclusión
ALTA y ALA hacen un llamado a los diputados y a las autoridades correspondientes para reconsiderar este proyecto de ley. Es esencial fomentar un ambiente de competencia justa que beneficie tanto a la industria aérea como a los consumidores, garantizando servicios de calidad, precios competitivos y opciones variadas para todos los usuarios.
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