por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires (imposible hacer las cosas bien sin criterio)
Tener criterio significa tener capacidad para discernir y utilizar la capacidad de razonamiento para buscar la verdad.
Lo que está poniendo al descubierto esta “peste” es que la cuestión argentina o su causa es lo que señalaba Ortega en aquella “CARTA A UN JOVEN ESTUDIANTE ARGENTINO DE FILOSOFIA”, insuficiencia de criterio.
Más de una vez me he referido a la “calidad de las decisiones” de nuestros sucesivos gobiernos, y si afinamos el escrutinio sobre ellas, veremos que en general no sólo son de pésima calidad sino además reiterativas, lo que las hace aún peores.
Esa mala calidad de las decisiones es lo que ha hilvanado esta saga de fracasos que nos han sumergido en una sima agobiante y sin aparente salida.
También los reclamos son de pésima calidad, porque en la mayoría de los casos se pide lo imposible y se oculta y desconocen los propios errores.
Me refiero en esta nota a la decisión política tomada por el gobierno al sancionar la ley 27.563, que en su artículo 16 dispuso: “Créase el Plan de Reactivación del Turismo Interno con el objeto de sostener y fomentar el empleo, y promover la recuperación de la actividad turística mediante el incentivo de la demanda. Los programas previstos en el presente Título tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, prorrogable por el Poder Ejecutivo.”
El plan es extremadamente primitivo y consiste esencialmente en establecer “…un aporte en favor de las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a cuatro (4) SMVM, ($ 16.875 x4=$ 67.500,00) mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinados exclusivamente al pago de servicios (turísticos) ofrecidos dentro del país”.
El articulo 19 reglamenta el uso del bono y dice: “El bono podrá ser solicitado por un (1) integrante del grupo familiar por única vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a abonar por los servicios brindados por las empresas, cuyo monto constituirá desde el momento de la facturación un crédito fiscal en favor de éstas para ser utilizado en compensación de impuestos y contribuciones nacionales, como asimismo transferencias a terceros, incluidos proveedores de bienes y servicios, así como a instituciones de crédito o intermediarios financieros. El cesionario podrá utilizar el crédito fiscal de la misma manera que la establecida para el cedente.”
En definitiva, se trata de una suerte de disminución de la incidencia de impuestos y contribuciones a los prestadores de servicios turísticos hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo prorrogable por el Poder Ejecutivo. Aún no se ha reglamentado este articulo por lo tanto se ignora el monto del aporte.
Sin embargo, cuesta creer que una familia cuyos ingresos totales no superen los cuatro salarios mínimos pueda pensar en el turismo.
El artículo 20 establece “… el Régimen de “Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales” orientados a fomentar y potenciar la demanda del Turismo Interno el cual consistirá en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado nacional en favor de las personas humanas equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto por cada operación de compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional, debidamente facturada por parte de las empresas o establecimientos correspondientes a las actividades mencionadas en el artículo 3° de la presente ley.” Este beneficio se aplicará a todas las ventas hechas hasta el 31 de diciembre de 2020, para servicios a prestarse durante el año 2021. A su vez los créditos se podrán usar a partir del 1º de enero de 2021 para la compra de servicios turísticos locales.
Tampoco está reglamentado este beneficio, por lo tanto, por el momento es solo virtual.
Luego se disponen normas para turismo de mayores y los viajes estudiantiles.
Como se advierte esta ley no responde a ningún principio sea de política económica, financiera o turística, y menos tiene en cuenta prioridades exigidas por la magnitud de este desastre económico que nos toca vivir, que debemos reconocer no sólo es responsabilidad del gobierno actual.
Esto se fue gestando quizás desde nuestros orígenes, pero si aceptamos los “buenos años” vividos a principio del siglo XX hasta la primera guerra mundial, veríamos que los beneficios fueron para unas pocas familias, lo que generó una “cultura rentística” con un muy mal sistema de distribución del ingreso.
Luego, a partir de 1940 se comenzó a delinear una política de mejoramiento del ingreso, pero sin programa, de modo que lo que hoy llamamos conurbano bonaerense pasó de tener 900.000 habitantes en 1914 a 4.400.000 en 1943 y hoy supera los 15 millones, un tercio de la población total del país, en el 0,5% del territorio nacional. En ese exiguo territorio conviven el 40% del total de pobres. La carencia de una política pública de desarrollo y crecimiento generó las llamadas “villas miserias”. Esto significa que los buenos resultados estadísticos referidos a ocupación y pobreza no fueron reales, y fueron generando un sistema económico informal que hoy oscila entre un 30 y 40% de la economía registrada.
La cuestión la podríamos resumir en muy pocas palabras, la población fue atraída al conurbano bonaerense por los buenos salarios, pero no se pensó en que era necesarias muchas más viviendas y un crecimiento exponencial de obras de infraestructura, cloacas, agua corriente y acceso a la energía.
O dicho con más sentido crítico, no se debió tolerar en tan poco territorio la creación de tantos desarrollos industriales a la vez de numerosas fuentes de trabajo, máxime cuanto tenemos un país deshabitado.
Como vemos, los errores se suceden con fanatismo y la ley de fomento al turismo es otra prueba cabal del desparramo de recursos, que por otra parte no hay y que en definitiva no servirán para nada, o muy poco a unos pocos.
En la nota anterior, "Argentina, algunos datos sobre turismo y ocupación hotelera pre Covid", señalábamos la falta de relación entre oferta de plazas hoteleras y ocupación, y esta ley 27.563 no ha tomado en cuenta esos datos y optó por un plan de facilidades “para todos y todas”, cuya primera consecuencia será la de un muy mal uso de recursos financieros inexistentes.
Quizás hubiera sido una oportunidad para corregir esa anomalía. De hecho, se estima que como mínimo desaparecerá el 40% de establecimientos por el efecto “peste”. Es obvio que se reducirá la demanda global y en especial la turística y de transporte aéreo
El gobierno ya ha caído en la trampa de pretender distribuir recursos entre todos sin advertir que debería establecer una escala de prioridades y en su relación adjudicar partidas de dinero.
No podrá evitar que haya ganadores y perdedores, pero si pretendiera hacerlo, como parece ser el rumbo que se está siguiendo, solo logrará que todos resultemos perdedores. Y así, parece ser a fin de año la mitad de nosotros seremos pobres, otro 45% un poco menos pobres y sólo un 5% estará más allá de esa triste alternativa.
Portal de América