por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires (en cuarentena reforzada que ya no alcanza para tapar nuestro oscuro presente)

Quienes siguen mis notas o me escuchan saben que llevo años pregonando la necesidad de reformar el código aeronáutico y derogar la ley 19030, que diseñó una política para el transporte aéreo justo cuando comenzaban a soplar nuevos vientos en la industria.

Incluso he presentado anteproyectos de reforma que lógicamente incluía la derogación lisa y llana de la ley 19030.

Para sintetizar, el Código Aeronáutico establece el viejo principio de la “propiedad sustancial”, el 51% del capital con poder de decisión debe pertenecer a argentinos nativos y el control y dirección de la empresa debe estar en manos de personas con domicilio real en el país. A su vez, la ley 19030 determina que Aerolíneas Argentinas es el instrumento elegido para ejecutar la política de transporte aéreo internacional, y en el cabotaje le concede el 50% del mercado, el resto podría ser explotado por sociedades privadas.

Pues bien, con este marco legal va de suyo que LATAM, FLYBONDI y JET SMART no podrían operar en la Argentina ya que no reúnen  las condiciones exigidas por la normativa vigente en cuanto a la titularidad del capital. En cuanto a la explotación de rutas internacionales, sólo lo podría hacer el capital privado previa conformidad de Aerolíneas Argentinas, ni siquiera de la autoridad de aplicación.

Reitero, este es el marco general, no tiene sentido entrar en otros detalles como el modo de fijación de tarifas para el cabotaje, que ya son prehistóricas.

En algún momento recibí consultas y alerté sobre la imposibilidad que capital extranjero participe mayoritariamente en el cabotaje.

Es obvio que en minoría, no hay interesados ni los habrá.

Ante este marco legal el gobierno de Nestor Kirchner autorizó la llegada de LAN que utilizó una sociedad vehículo –AERO 2000- cuyo capital era integrado en un 49% por la propia LAN y el 51% restante por dos abogados. Poco tiempo después esa sociedad se trasformó en LAN ARGENTINA S.A.

Llamo vehículo a esa sociedad porque no operaba, aunque tenía asignada rutas, cosas que ocurren en la Argentina.

Conviene aclarar que el art. 99 fue modificado de hecho por un decreto -52/94 del 18 de enero de ese año- del Poder Ejecutivo que equiparaba a personas nativas a sociedades de capital constituidas y con domicilio real en la República, aunque su capital perteneciera a extranjeros. Es obvio que una norma de inferior jerarquía no puede modificar una ley.

El decreto 1012/2006 repuso la vigencia del decreto referido 52/94, que posibilitó que AERO2000 se convirtiera en LAN ARGENTINA S.A. Este decreto fue firmado por el Presidente Nestor Kirchner y Alberto Fernandez, actual presidente, como jefe de Gabinete de Ministros.

Como ocurre en la Argentina, siempre se elige la vía torcida en vez de proponer la reforma lisa y llana del artículo 99 del C.A. Recuerdo como anécdota que averigüé en la entonces DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE AEREO o subsecretaria, no recuerdo bien, por qué no se proponía la reforma de la ley, y la respuesta fue “No pasaría en el Congreso”, pese a que el gobierno tenía mayoría.

Más o menos fue la misma respuesta que me dieron en el Ministerio de Transporte durante el gobierno de Macri; “esa reforma no pasaría”.

Lo curioso es que dos gobiernos diría opuestos, usaron la misma y espuria vía, sabiendo que de ese modo se violaba una ley, pecado también cometido por quienes aceptaron esa absurda ficción.

Nuestra idea era que el Poder Ejecutivo debía promover a nivel local una modificación de la legislación aeronáutica vigente y establecer una nueva política aérea. A nivel regional se debía establecer una política de cielo único para toda Latinoamérica para las aerolíneas radicadas en los países de la región. Dicho en otras palabras, en la región todas las líneas aéreas locales podrían ejercer las nueve libertades del aire. A su vez se debería proponer una legislación para el personal aeronáutico uniforme.

No podemos negar para no vulnerar el principio de contradicción, que en la Argentina de hoy para prestar servicios de transporte aéreo es necesario cumplir con el requisito de la propiedad sustancial y a su vez cumplir con la ley 19030.

En esa línea sólo podrían operar Aerolíneas Argentinas y las otras empresas que se cuentan con los dedos de una mano y sobran, que estén encuadradas en la ley vigente.

Esto significa que LATAM, JET SMART y FLYBONDI., esta hasta donde sabemos no lo cumplirían, con lo cual el gobierno debería tomar las medidas del caso de modo directo y de frente. A lo sumo para no caer en la doctrina de los propios actos, se debería dar un plazo para que las respectivas sociedades se adecuen a a la ley.

Hacer esto sería cumplir la ley, pero sería como volver a operar con DC-3 o Curtiss 46.

La ANAC debió haber encarado esta cuestión  el mismo día que cambió el gobierno y tomar la respectiva decisión, o se juega con la legislación que hay o se propone su radical modificación.

La autoridad aeronáutica no hizo ni una cosa ni la otra, tampoco el Ministro de Transporte y su indiferencia, silencios y alguna reunión sin sentido ni vocación real para enfrentar la cuestión ejercen la respectiva presión para desalentar la existencia de competencia a una empresa que en estos doce años se llevará alrededor de nueve mil millones de dólares, en concepto de “costos hundidos”, que es el peor gasto en el que puede incurrir un gobierno.

Pablo Biro declaró que LATAM intentó extorsionar al Presidente…sin personalizar, el silencio no es una forma muy hipócrita, también,  de extorsionar…

En fin lo reitero, una semana muy triste para nuestro transporte aéreo que puso en evidencia que el gobierno de Mauricio Macri no tuvo ni capacidad ni intención de modificar, de “cambiar” nuestro política aérea, y lo único que logró fue contaminar la bienvenida inversión extranjera en el sector.

Este gobierno lo hizo del peor modo escondiendo la cara y ahora tirando piedras al espacio y por la espalda.

Solo le basta con cerrar EPA “Aeropuerto El Palomar”

Es su forma de ser…

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