El acuerdo sobre este expediente, que requería la unanimidad de los Veintisiete, fue frustrado en anteriores ocasiones por las reticencias de Estonia, que consideraba que el peso de las nuevas normas no iba a recaer sobre las plataformas, sino sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME) que prestan sus servicios a través de ellas.
Para salvar las distancias, los ministros han introducido, bajo la presidencia húngara del Consejo, algunos cambios para reducir la carga administrativa que supone el reglamento para las PYME.
"Hemos alcanzado un buen compromiso sobre los dos pilares que acordamos desde el principio y ahora también apreciamos los resultados sobre la economía de plataformas", ha concedido el ministro de Economía de Estonia, Jürgen Ligi, que ha apoyado el texto de compromiso este martes.
Además, se ha añadido un periodo de transición que retrasa la aplicación del reglamento, que será voluntario a partir del 1 de julio de 2028 y obligatorio a partir del 1 de enero de 2030, lo que retrasa en cinco años la propuesta original de la Comisión Europea.
Al respecto, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha celebrado el acuerdo, que ha llevado "tiempo y esfuerzo", aunque ha subrayado que "la aplicación oportuna y coherente de las normas beneficiaría en gran medida al funcionamiento del mercado único y a la igualdad de condiciones entre las empresas tradicionales y la economía de plataformas" y que "las finanzas públicas de todos los Estados miembros también se beneficiarían de una rápida entrada en vigor".
Por su lado, la delegación española ha incluido una declaración en la que apoya el planteamiento general reflejado en la propuesta en relación con el modelo de plataformas digitales, pero ha manifestado su intención de aplicarlo antes de 2028, como medida de simplificación en la recaudación del IVA y como forma de mejorar la lucha contra el fraude.
Según las normas actuales del IVA, son los proveedores subyacentes de servicios --por ejemplo, la persona que alquila su apartamento--, los que están obligados a recaudar y remitir el IVA a Hacienda, pero muchos de ellos, ya sean particulares o pequeñas empresas, desconocen que pueden estar sujetos al IVA por los servicios que ofrecen e incluso cuando son conscientes, puede resultarles difícil familiarizarse con el sistema del IVA y cumplir con sus obligaciones al respecto.
Así, esta reforma pretende eliminar la desigualdad actual en el materia de IVA que sufren los operadores tradicionales de estos sectores y, según las estimaciones de Bruselas, este cambio puede reportar a los Estados miembro hasta 6.600 millones de euros al año en ingresos adicionales en los próximos diez años y hasta 48 millones al año a las propias plataformas durante el mismo período de 10 años.
Ahora que las capitales ha alcanzado un acuerdo tras dos años de negociaciones se consultará nuevamente al Parlamento Europeo sobre el texto acordado, que luego deberá ser adoptado formalmente por el Consejo antes de publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.
FACTURA ELECTRÓNICA Y VENTANILLA ÚNICA
Como parte del mismo paquete, se pretende también dar un impulso a la factura electrónica en las operaciones transfronterizas para ayudar a reducir el fraude del IVA hasta el 11.000 millones de euros al año y disminuir los costes administrativos y de cumplimiento para los comerciantes de la UE en más de 4.100 millones anuales durante los próximos diez años.
Esta propuesta legislativa viene a modernizar el actual sistema de IVA de la UE para el comercio intracomunitario, que con casi 30 años y, pese a algunas mejoras recientes, no ha seguido el ritmo de los avances tecnológicos, la economía digital, los cambios en los modelos empresariales o la globalización.
El tercer pilar de este paquete es un modelo de "ventanilla única" para permitir a las empresas que venden a consumidores de otro Estado miembro registrarse una sola vez a efectos del IVA para toda la UE, y cumplir sus obligaciones fiscales a través de un único portal en línea en una única lengua, una medida que podría ahorrar a las empresas unos 8.700 millones de euros en costes administrativos y de registro en la próxima década.
Portal de América - Fuente: Europa Press