Las intimadas son la Intendencia de Montevideo, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y la Unidad Nacional de Seguridad Vial, las cuales en un máximo de 30 días deberán informar a la sede, cada una en su área de competencia, qué acciones han realizado para controlar a Uber y cuáles prevén realizar en el futuro.

En el escrito, los reclamantes preparan el camino para un reclamo por daños y perjuicios, entre los que señalan el descenso de la recaudación que les dificulta el pago de sus obligaciones, y la pérdida de valor de sus permisos que ronda en los U$S 80.000 cada unidad.

Consultados directivos de CPATU, señalaron que esto es sólo un inicio, y que dependiendo de la respuesta de los organismos, los litigantes verán como continuar con su reclamo.

También marcaron la diferencia de cómo se está procesando este tema en el Uruguay, con lo que ocurre en Argentina, donde Uber comenzó a funcionar después.

En Argentina

Ayer en la ciudad de Buenos Aires, informa La Nación que la Fiscalía de la Ciudad hizo 13 allanamientos en las oficinas de la aplicación móvil que conecta conductores particulares con pasajeros y en domicilios de gerentes y choferes "socios" por la "violación de clausura impuesta" y por "ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir".

ontinúa la nota que en los próximos días el Ministerio Público porteño pedirá diez días de prisión de cumplimiento efectivo para ocho choferes imputados de "ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir", es decir transportar pasajeros sin tener la autorización correspondiente.

Los procedimientos fueron hechos por detectives de la Policía Metropolitana y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público porteño en en una oficina del microcentro donde funciona la representación de la firma UBER Argentina SRL, en los domicilios particulares de dos ejecutivos que estuvieron a cargo de la aplicación móvil hasta junio pasado y en la casa de dos gerentes actuales. "El objetivo fue recolectar pruebas que sirvan para reforzar la reconstrucción del ilícito e identificar correctamente a los autores con el objeto de poner fin a la contravención. A su vez se les imputa a los gerentes el haber violado la clausura impuesta por la jueza Alvaro el pasado 22 de abril", explicaron fuentes del Ministerio Público porteño.

También se allanaron los inmuebles de "socios" conductores de Uber, a los que "se investiga por haber realizado actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, pero también por ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir. En los allanamientos se secuestró documentación que liga a los más de 20 imputados con las actividades de la empresa; y se incautó smartphones, computadoras y otros dispositivos utilizados por Uber.

Portal de América