La primera subasta será convocada por el fideicomiso que administrará los activos de la aerolínea, es decir, siete aviones y las frecuencias de vuelo en la región. La base será de US$ 136 millones, que equivalen a la deuda con garantía del Estado ante el banco canadiense que financió la compra de las aeronaves.

En caso de no haber oferentes, otro artículo de la ley establece una segunda instancia de subasta que se conoce como "a la baja", que supone poner un techo de US$ 136 millones y un piso de US$ 100 millones. La primera oferta recibida dentro de esa franja, se lleva el remate.

Si la oferta ganadora fuera por menos de US$ 136 millones, el Estado deberá completar el dinero hasta cubrir ese monto a devolver al Scotia Bank.

El mismo artículo que será puesto a consideración del Parlamento, conserva una segunda parte, referida a que el oferente deberá negociar con el Ejecutivo la compra de las frecuencias y la incorporación de exfuncionarios de Pluna para esos siete aviones.

El proyecto de ley solo tendrá los votos del Frente Amplio, ya que tanto los nacionalistas como los colorados objetan una serie de elementos jurídicos y conceptuales de la iniciativa. La oposición, según se adelantó a El País, solamente acompañará los tres artículos referidos a los funcionarios.

En la sesión de hoy, el senador colorado Tabaré Viera (Propuesta Batllista) planteará la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de Pluna desde que en el año 2003 dejara de ser 100% propiedad del Estado. El planteo abarca dos períodos: de 2003 a 2007, cuando Pluna estuvo asociada a la aerolínea brasileña Varig, y desde entonces hasta la actualidad, cuando se decidió la separación del consorcio Leadgate y de su CEO, Matías Campiani. El planteo tiene el respaldo del Partido Nacional.

En tiendas políticas se daba anoche como un hecho que el Frente no allanará la investigación, por lo cual el Partido Nacional evalúa sumar elementos del caso Pluna a la Justicia del Crimen Organizado, que desde junio analiza una serie de documentos presentados por esa fuerza política ante la magistrada Adriana de los Santos.

El País Digital