por Sergio Antonio Herrera, desde Montevideo

Colonia Express recibió finalmente la autorización para operar una frecuencia directa entre Montevideo y Buenos Aires. Es una buena noticia. O debería serlo.

Durante años hemos sostenido que Uruguay necesita más y mejor conectividad, aérea, terrestre, marítima y fluvial, y que la competencia entre operadores constituye una herramienta fundamental para mejorar servicios, ampliar frecuencias y ofrecer alternativas al consumidor.

Pero ocurre algo insólito: Colonia Express tiene autorización para competir, tiene el barco para hacerlo y no puede comenzar a operar porque no dispone de la infraestructura necesaria para embarcar y desembarcar vehículos.

¿Y quién dispone de ella?

Buquebus.

Es decir, su competidor.

El único pontón disponible para realizar esa operación pertenece precisamente a la empresa con la cual Colonia Express pretende competir en la ruta Montevideo-Buenos Aires.

No estamos ante una discusión acerca de si Sebastián Planas tiene razón o si Juan Carlos López Mena la tiene. Tampoco estamos tomando partido por una empresa contra otra.

No estoy defendiendo a Colonia Express. Estoy defendiendo la competencia.

Y, fundamentalmente, estoy defendiendo algo que considero mucho más importante: la conectividad del Uruguay.

Mi posición respecto de Juan Carlos López Mena es suficientemente conocida por quienes llevan años leyendo el Portal de América. Hemos sido extremadamente críticos respecto de muchas de sus actuaciones y particularmente respecto de los episodios vinculados a Pluna y a la concentración del transporte fluvial en el Río de la Plata.

También hemos defendido durante muchos años la existencia de Colonia Express porque entendíamos —y seguimos entendiendo— que la existencia de otro operador constituye un elemento saludable frente a cualquier escenario de concentración.

Pero esta columna no debería necesitar antecedentes personales ni empresariales para sostenerse.

El problema es mucho más sencillo: el Estado no puede autorizar una competencia que después, en los hechos, resulta imposible ejercer.

Si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas considera que Colonia Express reúne las condiciones para operar Montevideo-Buenos Aires y le concede la autorización correspondiente, la Administración Nacional de Puertos debe garantizar que exista infraestructura portuaria adecuada para que esa autorización pueda hacerse efectiva.

De lo contrario estamos frente a una autorización escrita en un papel.

La situación resulta todavía más difícil de comprender cuando recordamos que desde 2016 la Administración Nacional de Puertos se hizo cargo de la terminal portuaria de pasajeros de Montevideo y de buena parte de su infraestructura, mientras el pontón necesario para el movimiento de vehículos quedó en manos privadas.

Puede haber razones jurídicas, contractuales o administrativas que expliquen cómo se llegó hasta aquí.

Lo que no puede existir es una razón de política pública que justifique mantenerlo indefinidamente.

Porque el resultado es evidente: existe un operador autorizado por el Estado para competir, pero para poder hacerlo necesita utilizar una infraestructura que pertenece al operador con el cual debe competir.

Algo está mal.

Y no corresponde que sea Colonia Express quien resuelva por sí misma un problema que es esencialmente de infraestructura pública y de política de transporte.

Será responsabilidad de la ANP determinar técnicamente cuál es la solución: disponer de otro pontón, construirlo, adquirirlo, arrendarlo, establecer condiciones de utilización de infraestructura existente o encontrar cualquier otra alternativa jurídicamente viable.

No pretendo decirles a los técnicos portuarios cómo deben resolverlo.

Lo que sí corresponde exigir es que lo resuelvan.

Porque hay un concepto que Uruguay debería comenzar a incorporar definitivamente cuando habla de turismo y transporte: la conectividad no consiste solamente en autorizar rutas. Consiste en crear las condiciones para que esas rutas puedan operar y competir.

Lo venimos diciendo respecto de la conectividad aérea y vale exactamente lo mismo para la fluvial.

Montevideo y Buenos Aires constituyen dos capitales separadas por un río. Que exista más de una empresa interesada en unirlas directamente debería ser considerado una oportunidad, no un problema.

Después será el pasajero quien decidirá.

Elegirá por precio, horario, calidad del barco, atención, duración del viaje o simplemente por preferencia personal.

Eso es competencia.

Y la obligación del Estado no es elegir quién gana esa competencia. Su obligación es garantizar que pueda existir.

Si mañana Colonia Express presta un mal servicio, tendrá que responder por ello. Si Buquebus ofrece uno mejor, los pasajeros probablemente la elegirán. Y si ocurre lo contrario, sucederá exactamente al revés.

Así funciona un mercado cuando realmente existe competencia.

Pero impedir en los hechos que un operador autorizado pueda siquiera comenzar a prestar el servicio es otra cosa.

Por eso este episodio excede largamente a Colonia Express, Buquebus, Sebastián Planas o Juan Carlos López Mena.

Estamos hablando de qué política de conectividad quiere tener Uruguay.

Y si verdaderamente queremos un país mejor conectado, abierto a nuevas inversiones y con operadores dispuestos a competir, tenemos que empezar por algo elemental:

cuando el Estado abre una puerta a la competencia, no puede dejar una barrera atravesada inmediatamente detrás.