Ante tal sentencia, el consejo de abogados del Grupo Barceló afirmó que la condena a cinco años de prisión dictada por un tribunal de Higüey contra los ejecutivos de su complejo turístico en Punta Cana se basó en un procedimiento que no estuvo sustentado legalmente con el aparente propósito de presionar a la empresa para que acepte un acuerdo oneroso en torno a una litis de carácter civil y comercial.

Según la nota de prensa enviada a la redacción de arecoa.com, el equipo legal de la corporación turística explica que el tribunal colegiado encabezado por el juez interino Vicente Marte Jiménez, e integrado por los magistrados Arístides Dalmiro Heredia Sena y Cindy Rosario Santana, convirtió un simple caso de embargo ejecutado de acuerdo a la ley, en una querella de robo agravado y asociación de malhechores contra los ejecutivos de Barceló.

De acuerdo al equipo legal de Barceló, la compañía Constructora López Carias, S.A., representada por el señor Pedro Sepúlveda, fue promotora de la acción penal bajo la falsa premisa de que las mercancías y demás bienes resguardados en los locales alquilados en el Complejo, les fueron sustraídos mediante la acción de embargo.

Expone que la Constructora López Carias mantenía la ocupación de los unos locales dentro del Complejo Barceló al amparo de un contrato de arrendamiento que tras llegar a su fecha de vencimiento la hotelera ejerció su derecho legítimo de requerir su desocupación, tal como fue convenido en el contrato.

Señala que ante la resistencia de la Constructora a entregar los locales y pagar una deuda acumulada, el Grupo Barceló procedió a practicar los embargos conservatorios sobre los bienes muebles de su inquilino para asegurar el cobro correspondiente.

Los ajuares, de acuerdo al Consejo legal de Barceló, fueron puestos a disposición de la Constructora, pero esta se negó recoger los bienes e inició procesos penales temerarios por alegado robo agravado y asociación de malhechores.

El proceso de embargo dio lugar a una querella por robo a partir de la cual se dictaron "medidas de coerción consistentes en prisión provisional e impedimentos de salida, y concluyó posteriormente con una sentencia por supuesto robo agravado".

La sentencia fue dictada el 23 de noviembre del 2011, en la misma fecha en que el embajador del Reino Unido, Steven Fisher, se hizo eco de la queja de inversionistas extranjeros por la falta de seguridad jurídica.

La sentencia fue apelada en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cuyos jueces son Marcelina Hernández Japa (Presidente), José Glass Gutiérrez, Zamira Madrigal Santana, Virginia González Brea, Ramon Báez Rodríguez.

Portal de América - Fuente: www.arecoa.com