por VIVIANA RUGGIERO

El Banco Central investiga si el BROU realizó los controles requeridos por ley para prevenir lavado de activos en el aval que otorgó a Cosmo Airlines. Se procura determinar si debió reportar la operación como sospechosa. Podría haber responsabilidad penal.

Las entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay (BCU) deben informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) "las transacciones realizadas, o no, que (..) resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada", según la normativa vigente.

El aval otorgado por el Banco República (BROU) a Cosmo Airlines por US$ 13,7 millonespara participar en el remate de los siete aviones de la exPluna, tiene "características suficientes para imputarla como sospechosa", según el diputado colorado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay), que el miércoles presentó una denuncia que obligó a la UIAF a iniciar una investigación para determinar si el BROU debió reportar la transacción.

Expertos tributarios consultados por El País que han trabajado en la normativa vigente referida al lavado de activos también afirman que la operación "es sospechosa por donde se mire". Dicen que el origen del dinero está en duda así como el propósito de la operación. "Si un cliente mío hace esto lo tengo que ir a defender al juzgado", afirmó uno de los expertos consultados, que prefirió que su nombre quede en reserva.

El Banco Central investiga ahora el proceder del BROU y en caso de encontrar irregularidades deberá dar cuenta a la justicia penal.

ACUSACIÓN. La denuncia realizada por el diputado Garino a la UIAF, a la que accedió El País, plantea una serie de cuestionamientos al representante de Cosmo que subastó los aviones, a la firma española y su proceder antes y después de subastar los aviones de la exPluna, lo que califica de "señales de alerta" que debió tomar en cuenta el BROU a la hora de otorgar el aval. Solicita además que se adopten las medidas que correspondan.

La denuncia presentada por Garino, pero preparada con varios expertos en materia de lavado de activos, indica que uno de los elementos que transforma a la operación en sospechosa es que fue realizada por una persona física que no dio datos certeros: Hernán Antonio Calvo Sánchez utilizó en todo momento su segundo nombre y segundo apellido y dijo que su nacionalidad es española cuando en realidad sería natural de Argentina, con nacionalidad española.

El denunciante también afirma que debió ser "una señal de desconfianza" para el BROU que "el primer administrador y director de Cosmo, Miguel Castro Marín, haya estado vinculado al mayor juicio penal por lavado y corrupción en la historia de España".

Además, recuerda que se dio el aval a una empresa con "evidentes indicios de carecer de capacidad económica para la adquisición de los aviones". Según información oficial, Cosmo tiene un capital de 7,6 millones de euros, lo que "no guarda ninguna relación" con el monto ofrecido en el remate de los aviones, que fue de US$ 137 millones.

La denuncia de Garino menciona también que Calvo Sánchez ocultó a quien sería el beneficiario final de la operación. "La transacción permiten la introducción de terceros, mediante la transmisión o promesa de transmisión de derechos sobre bienes que aún no han sido entregados a su comprador", indica el documento y hace referencia a los "vínculos laborales y de amistad" con el empresario Juan Carlos López Mena "que pretenden ser disimulados".

Como señales de alerta para el BROU, detalla el que no haya prestado atención a las características de los bienes objeto de la operación (no revisó los aviones previo a la subasta) y que tenga escasa información en su propia web (el único contenido que tiene es una imagen de uno de sus aviones y un comunicado referido a la adquisición de los siete aviones de la ex Pluna).

La denuncia menciona también a la aseguradora internacional que otorgó el respaldo y afirma que se desconocía a la fecha en que se presentó con qué fondos se atendería el pago total de la subasta. Cabe recordar que la denuncia fue presentada el miércoles, antes de conocerse que Cosmo retiró su interés en los aviones.

BROU. El País informó ayer que la aseguradora Boston Seguros (empresa argentina que tiene entre sus clientes a Buquebus y Los Cipreses S.A.) fue la que garantizó el aval entregado por el BROU a Cosmo. Boston Seguros tiene un patrimonio neto de US$ 7 millones, monto también inferior al aval concedido a la firma española.

El presidente del Banco República, Fernando Calloia, se negó a confirmar oficialmente si el aval por US$ 13,6 millones otorgado a Cosmo para participar del remate de los aviones fue garantizado por la firma Boston Seguros.

"No puedo hablar de cosas que tienen confidencialidad ante los clientes", dijo Calloia en comunicación telefónica con El País desde Buenos Aires, donde ayer se encontraba en un seminario internacional.

"Yo no puedo decir de dónde es el aval, de qué empresa, ni quién lo firmó, porque todo eso está incluido en el secreto bancario", insistió el funcionario.

Calloia informó que en los próximos días el Banco República enviará la información del caso al Banco Central, donde además el director nacionalista Washington Ribeiro pidió los antecedentes sobre el aval otorgado a Cosmo. "Yo le voy a dar toda la información al señor director del Banco Central (Ribeiro) y que lo publique él. Yo después lo voy citar al juzgado y va tener que demostrar que no es secreto bancario", dijo el titular del Banco República e insistió en que Ribeiro, al igual que él, están sujetos por sobre todo al secreto bancario.

"Entonces le voy a dar la información, pero que la difunda él", reiteró Calloia.

El jerarca dijo que en caso de incumplimiento, el Banco República ejecutará el aval "como cualquier póliza de seguros, como cuando una persona choca un auto", ejemplificó el jerarca. "Es como cualquier aval: hay que verificar que el hecho se dio y hay que pasar a cobrar", indicó.

"El aval cubre solamente la garantía de oferta. Es como cuando una persona va a un remate y deja el 10% del valor en garantía y después cuando retira las cosas ese 10% se incorpora al precio, que en caso de financiarlo se debe negociar con otro aval", explicó Calloia.

Artículo publicado en El País Digital

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