El Decreto 1191/12 establece que el sector público para trasladarse por vía aérea tanto dentro como fuera del país deberá contratar a Aerolíneas Argentinas y Austral. La norma salió simultáneamente con otras que obligan a cargar combustible en YPF y pagar sueldos a través del Banco Nación.

No se trata de una medida tendiente a favorecer al trabajador argentino -salvo que el gobierno considere más argentinos a los que trabajan en Aerolíneas y Austral que a los de LAN, Andes o Sol- sino a las empresas estatizadas.

En el caso concreto del transporte aéreo se trataría de otra medida discriminatoria -que se suma a los dos millones de dólares diarios en subsidios que reciben Aerolíneas y Austral- frente al resto de las aerolíneas privadas argentinas.

Si bien la medida aclara que si las empresas estatales no vuelan al destino requerido un jefe podrá autorizar una excepción, no dice nada sobre qué pasa cuando la competencia ofrezca mejores precios o servicios (vuelos directos, mejores horarios, etc.).

La medida, que no hace otra cosa que generar una clientela cautiva en lugar de impulsar a las empresas a ser más eficientes y competitivas, alcanza también a Optar, subsidiaria de Aerolíneas, que de operadora mayorista deberá convertirse ahora también en minorista para brindar servicios de agencia de viajes.

Lo extraño -o no, teniendo en cuenta su habitual alineamiento- es que ni las cámaras ni asociaciones que representan al turismo hayan salido a reclamar por un trato desigual entre empresas nacionales públicas y privadas.

Portal de América - fuente: Aviación News