En el inicio de su Exposición de Motivos, explica que "La diversificación de la actividad económica de nuestro país, junto a los estímulos a la inversión extranjera en distintos sectores de la economía, el desarrollo del turismo externo y la pujanza de los nuevos emprendimientos inmobiliarios, han determinado que las actividades vinculadas con el sector inmobiliario aumenten su participación en la economía uruguaya.

La actividad del operador inmobiliario, que tiene enorme trascendencia fiscal y normativa en el país, pone en evidencia el problema que origina la insuficiencia y falta de concordancia entre su actual función específica y las normas establecidas en el Código de Comercio promulgado hace más de un siglo.

El Operador Inmobiliario, se ha consolidado como necesario asesor tanto en la actividad privada, como en el ámbito judicial, así como sujeto colaborador para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento, y como orientador especializado de las nuevas normativas dispuestas para exoneraciones de inversores, entre otras funciones."

Este no es el primer proyecto sobre este tema que se presenta, pero esta actividad que hoy involucra a casi 30.000 personas e incide en el 10% del PBI, lo reclama hace años. Agregan que la aprobación de este proyecto de ley redundará en una mejor imagen de Uruguay como país receptor de inversiones, para el inversor particular y el turista en general, y permitirá dar cumplimiento a los estándares y recomendaciones internacionales.

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