Esta decisión supone un retroceso en la evolución normativa del sector en el país y repercutirá directamente en el cliente, ya que las compañías aéreas se verán impedidas de ofrecer productos diferenciados a los pasajeros, que perderán la posibilidad de pagar sólo por los servicios que necesiten.

Además, reduce el atractivo del mercado brasileño, especialmente en un momento en el que la industria se está recuperando de la crisis de COVID-19 y el país está intentando atraer inversiones extranjeras en el sector de la aviación.

Otro aspecto importante es que esta decisión viola los acuerdos internacionales que garantizan el estatus de libertad comercial a las empresas extranjeras, como los tratados de cielos abiertos, que contienen cláusulas específicas de protección contra este tipo de interferencias. La inseguridad jurídica que provoca esta medida puede representar un motivo más para desanimar a las compañías aéreas a invertir en el país.

Uno de los grandes retos de Brasil es conseguir que todas las compañías aéreas tengan un entorno regulatorio alineado con las mejores prácticas mundiales, evitando así las deficiencias del sector. Los países que han promovido la aviación modernizando el marco regulatorio y legal, evitando el exceso de regulación y el proteccionismo, han creado condiciones ideales para el crecimiento de la industria, beneficiando a todos, tanto social como económicamente. Todos ganan: el consumidor, la aerolínea, la competitividad y el país.

IATA está trabajando junto con toda la industria, las empresas, las asociaciones y otras partes interesadas del sector para actuar con el fin de evitar que se produzca un retroceso y un daño semejante para la aviación y sus pasajeros.

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