El fiscal de Buenos Aires fue quien había solicitado las dos medidas, argumentando que “Uber incumplió una orden judicial que le prohibía operar en la capital argentina desde abril del 2016”.

A través de una nota oficial publicada la página web de la fiscalía municipal, explicó que “sus pedidos se basan en que los directivos de Uber nunca cesaron en sus contravenciones sino que siguen omitiendo por completo los mandatos judiciales, continuando con la actividad ilícita”.

Según la agencia de noticias Reuters, Lapadú dijo en declaraciones a la televisión nacional que los proveedores de internet podrían clausurar las plataformas de Uber siempre y cuando la orden de bloqueo se extienda por todo el país. A esa condición accedió la jueza María Fernanda Botana.

Sin embargo, varios medios de comunicación afirmaron que hasta el pasado lunes 30 de enero la aplicación seguía activa.

Empleados de Uber, por su parte, rechazaron la medida y advirtieron que sus actividades no se verán afectadas.

En un comunicado la compañía dijo que “no es posible efectuar el bloqueo ya que la Justicia local de la CABA (ciudad de Buenos Aires) no puede ordenar medidas fuera de dicha ciudad. Se garantiza el normal funcionamiento de la aplicación”.

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