por Natalia Sanmartin Fenollera

Un objetivo que impulsó, hace tres años, la creación de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), formada por expertos que han desarrollado esta actividad en multinacionales y en centros políticos como Bruselas y Washington, y que el próximo 23 de junio celebra su primer foro oficial.

La prioridad de APRI, que en estos años ha pasado de 13 a 37 miembros, es doble: por un lado promover la regulación del lobismo en el ámbito europeo, estatal y autonómico; por otro, impulsar la formación profesional en este campo. "Queremos dar carta de naturaleza en España a una actividad que se desarrolla de forma plenamente normalizada y transparente en un gran número de países", explica María Rosa Rotondo, presidenta de la entidad.

Para el primero de esos objetivos, apunta Rotondo, el colectivo ha propuesto al Congreso una reforma del reglamento interno de las cámaras, que regule la actividad de los profesionales que defienden intereses ante el legislador. La iniciativa sugiere la creación de un código de conducta con siete puntos (basado en el adoptado por la Comisión Europea) y de un registro de lobistas, en el que la inscripción y permanencia se supedite al cumplimiento de esas normas de conducta. "La idea es que se permita el acceso al Congreso y Senado de estos profesionales a través de un registro y tarjeta de acceso que faciliten su trabajo al tiempo que da transparencia en su actividad", explican desde la asociación.

El modelo propuesto por APRI, quien recuerda que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión y la OCDE propugnan la transparencia en la actividad del lobbying, se inspira en el adoptado en países como Alemania, Austria o Dinamarca. Todos ellos regulan el lobismo a través del reglamento interno de sus parlamentos y cuentan con registros y tarjetas de acceso a comisiones y parlamentarios.

El propio Parlamento Europeo creó en 1996 un registro en el que actualmente hay inscritos unos 5.000 representantes de intereses, al que se sumó en 2008 otro de la Comisión Europea. Ambos organismos estudian actualmente la puesta en marcha de un registro común.

"Hemos tenido contactos con representantes parlamentarios de las principales fuerzas políticas para hablar de nuestra propuesta", señala la presidenta de APRI, quien recuerda que son ya 14 los países europeos que han acometido una regulación o impulsado la autorregulación de la actividad.

El segundo de los grandes objetivos de APRI, la profesionalización a través de la formación, incluye la negociación con escuelas de negocios para comenzar a impartir cursos en este ámbito con acuerdos que previsiblemente se cerrarán para el año que viene. "Nuestra actividad no se contempla en España como una salida profesional ni cuenta con una formación específica, lo cual resulta curioso si tenemos en cuenta que la gente que se dedica al lobbying tiene cargos importantes en las empresas", recuerda María Rosa Rotondo.

Desde APRI, que cuenta con su propio departamento de formación, se pretende formar a los profesionales que las empresas necesitan emplear para llevar a cabo esta actividad. "Es significativo que la mayoría de nosotros, que nos hemos especializado en el lobbying, lo hayamos hecho en empresas extranjeras en España", concluye su presidenta.
Los siete principios éticos del defensor de intereses

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) propone que el Congreso y el Senado controlen el cumplimiento por parte de los profesionales del lobbying de un código de conducta dotado de siete principios. Se trata de un código adoptado recientemente por la Comisión Europea para regular la actividad de los lobistas ante la institución:

Identificarse con su nombre o con el de la entidad para la que prestan servicios.

No falsear la información y los datos aportados al registro con el fin de obtener la acreditación.

Declarar el interés que defienden y, en su caso, el nombre de las empresas u organizaciones a las que representan.

Asegurarse, en la medida de lo posible según su conocimiento, de que la información que aportan es neutra, completa, actualizada y no engañosa.

No obtener ni tratar de obtener información o decisiones de manera deshonesta.

No inducir a los diputados, senadores o funcionarios a contravenir las reglas de actuación que les son aplicables en sus funciones.

Respetar la legislación aplicable a las incompatibilidades de los cargos públicos.

fuente: cincodias.com