Compartimos el comunicado de prensa al respecto, emitido por la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay.
“Desde hace cinco años venimos alertando a las autoridades nacionales acerca de una problemática que hoy no admite ninguna excusa más, como es la competitividad. El tiempo que teníamos para corregirla se terminó”, alertó la Confederación de Cámaras Empresariales.
Empresarios advirtieron que “ya no se puede” seguir deteriorando la competitividad y plantearon medidas concretas para crear “un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo”
Reclaman una regla fiscal, mayor inserción internacional, acceso al crédito para las pymes, una profunda reforma educativa y derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo.
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) advirtió hoy al sistema político que “ya no se pueden seguir aprobando normas que deterioren más y más la competitividad” de las empresas y reclamó encarar sin demoras “las reformas imprescindibles para crear un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo uruguayo”.
“Desde hace cinco años venimos alertando a las autoridades nacionales acerca de una problemática que hoy no admite ninguna excusa más, como es la competitividad. El tiempo que teníamos para corregirla se terminó. Hoy se necesitan respuestas inmediatas, que dejen de lado meros oportunismos ajenos a la realidad productiva nacional”, señaló la organización empresarial en un vídeo de once minutos con el que abrió en la Expo Prado el foro “Uruguay y su competitividad, responsabilidad de todos”.
Los empresarios manifestaron su voluntad de trabajar con las autoridades y proponer alternativas para construir “un Uruguay competitivo”, caracterizado por “una economía sólida e innovadora, de ciudadanos calificados y prósperos, con más y mejor trabajo”, y su determinación de no limitarse únicamente a “comentar la realidad y el presente”. “Imaginamos y nos ilusionamos con un futuro distinto”, señalaron.
“A los empresarios nos preocupa el Uruguay de hoy. Pero nos desvela el Uruguay que viene, el de nuestros hijos y nietos. (…) Es tiempo de asumir responsabilidades. El país lo demanda”, indicaron en la apertura del foro, en la que recordaron que hace cinco años realizaron una presentación similar en la que advertían lo que sucedería si no se tomaban medidas en materia de educación, seguridad pública, conducción de las empresas públicas, inserción internacional, infraestructura, promoción de inversiones, acceso al crédito, relaciones laborales y política macroeconómica.
En su presentación los empresarios reclamaron definir estrategias de inserción internacional, tanto dentro como fuera del Mercosur, negociando con los países del bloque para que se habiliten modalidades de negociación con terceros países, en conjunto o individualmente. Además, demandaron promover el debate para diseñar una regla fiscal que limite la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, profesionalizar la gestión de las empresas públicas e inhabilitar por cierto tiempo para la ocupación de cargos políticos a quienes hayan ejercido funciones de dirección en las empresas del Estado.
También plantearon la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura existente, de modo de posicionar a Uruguay como un hub logístico, agilizar los procesos de evaluación de obras y publicación de llamados por parte del sector público y profundizar el calado de operaciones del puerto de Montevideo hasta los 14 metros en el corto plazo.
Los empresarios propusieron además transformar el modelo educativo actual implementando las propuestas del libro abierto de Eduy21 y fortalecer las capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación. A la vez sugirieron agilizar el acceso al crédito de las pymes y mejorar el sistema de compras públicas reservando una parte del mercado a las empresas nacionales.
En materia de seguridad, reclamaron beneficios fiscales asociados a los gastos e inversiones que las empresas deben destinar a protegerse de la delincuencia, así como exoneración de tributos fijos como el aporte patronal al BPS para dueños o socios, así como el IVA mínimo o el mono tributo, para establecimientos empresariales que hayan sido víctimas de un asalto.
En cuanto a las relaciones laborales, la CCE demandó al sistema político “modificar la regulación laboral y las prácticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del cumplimiento de las recomendaciones de la OIT” y “derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo”. También reservar la negociación tripartita “únicamente para definir mínimos por categoría”, dejando “la negociación bipartita para aumentos o ajustes de salarios y otras condiciones de trabajo”, y “salvaguardar el derecho de los no huelguistas” en casos de conflicto.
El foro tuvo como disertantes al Cr. Mag. Sebastián Pérez y al Prof. Dr. Ignacio Munyo. El primero presentó “Una mirada retrospectiva del diagnóstico de competitividad” y el segundo expuso sobre el tema “Atraso cambiario, sector transable y desarrollo económico en Uruguay”. Más tarde, sus ponencias fueron comentadas por un panel integrado por la Ec. María Dolores Benavente, el Ec. Aldo Lema y el Ec. Horacio Bafico, el que fue moderado por la periodista Patricia Madrid.
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