Desde hace ya bastante más de un año fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que regula la gestión de las empresas emisoras de tarjetas de crédito (bancos) y como corresponde, se dio paso a la Cámara de Senadores para que a su vez lo aprobase y de esa manera habilitar la sanción definitiva de la ley.

Pues bien, ese proyecto de ley duerme en algún cajón del despacho de la Presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado.

En la primera parte de 2012 se nos anunció: "los bancos están haciendo lobby senador por senador para que no se apruebe la ley". El lobby funcionó de maravilla.

Los aranceles y plazos de pago abusivos que deben soportar los comercios de todo Uruguay es el privilegio que los emisores no quieren perder y para ello, cuentan con la inacción, el olvido o la complicidad del Senado de la República.

En estos días, se debate acerca del proyecto de ley de inclusión financiera , o de bancarización, ya que el gobierno quiere que todos usemos tarjetas pero los bancos se quejan porque quieren cobrar y no pueden.

"No vamos a legislar pero vamos a usar esta media sanción como elemento de presión contra el sitema bancario", le respondió un senador oficialista a un diputado nacionalista cuando éste le preguntó que pasaba con la ley de tarjetas que en la Cámara Baja habían aprobado con el voto de todos los diputados presentes.

En 2010, fuimos los exclusivos difusores de cada paso que daban los hoteleros de Punta del Este a los que se sumaron los de Piriápolis para dejar de aceptar el pago con tarjetas de crédito.

Esa lucha, la cual denominamos el "Hotelazo", generó que se fueran sumando una a una las diferentes cámaras para llevar adelante las reivindicaciones del sector que bregaba por la adecuación arancelaria.

En algunos medios, la publicidad de los bancos emisores representa alrededor del 50% de sus ingresos.

Luego de esta introducción, entérese la forma en que  con el artículo de El País Digital que reproducimos, se informa acerca de otro ángulo del negocio bancario y el plástico.



Discusión Sobre cuentas de pago de sueldo, secreto bancario y créditos

Polémica entre bancos, cooperativas y Ministerio de Economía por proyecto

Cuando aún no fue enviado al Parlamento, el proyecto de ley de inclusión financiera (que rebajará el IVA para las compras con medios electrónicos) generó una fuerte polémica entre los bancos, las cooperativas y el Ministerio de Economía.

La Asociación de Bancos Privados (ABPU) calificó al proyecto como un "misil" para el negocio, un "agujero negro de proporciones cósmicas" en la prevención del lavado de activos. Las cooperativas dijeron por su parte, que se las "menosprecia".

Del lado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el asesor Martín Vallcorba respondió que "los bancos pretendían hacer todo esto cobrando en vez de ofrecer los servicios gratuitos como está en la ley" y señaló que las cooperativas "no leyeron correctamente" el texto.

La polémica quedó instalada tras la carta -a la que accedió El País- que el director ejecutivo de ABPU, Julio de Brun envió al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Para Vallcorba la misma "es ofensiva y muchas veces califica sin fundamentos".

Ayer, De Brun dijo al programa "Hora de Cierre" de radio Sarandí que el tono fue para generar una reacción en el MEF y la opinión pública.
Cuentas.

De Brun cuestionó que las cuentas para pago de sueldos (los salarios se pagarán vía electrónica) "no establecen ningún máximo" sobre saldos promedio, ni limitaciones sobre "número de cuentas que una persona puede tener" en el sistema. Es un "disparate" las "consultas de saldo gratuitas, cinco extracciones y ¡ocho! transferencias gratuitas", agregó.

Calificó al proyecto como "un misil en la línea de flotación para todo el negocio de cuentas personas en el sistema bancario".

Vallcorba dijo a El País que "los bancos no han sabido, no han podido y en buena medida no han querido impulsar el uso de la tarjeta de débito" y en cambio "se han centrado en una competencia feroz por el uso de la tarjeta de crédito".

Por eso, quienes cobran hoy en la cuenta bancaria "van y retiran su dinero a través del cajero automático. Eso es puro costo para los bancos y hoy ya no están cobrando nada", afirmó. "A lo que apunta el proyecto es que la gente utilice ese dinero como medio de pago (a través de la tarjeta de débito), entonces, sustituye un costo que asumen los bancos que es alimentar y mantener los cajeros automáticos por una eventual fuente de ingreso por las comisiones por el uso de dinero electrónico", añadió el asesor del MEF.

El proyecto "no es ni para beneficiar a los bancos, ni tampoco es una medida que los vaya a poner en riesgo. ¿Los bancos van a tener que sacrificar alguna fuente de ingresos potenciales? Sí, pero como una apuesta a lograr un desarrollo mayor ", concluyó.
Lavado.

El director ejecutivo de ABPU criticó que el proyecto establece la "no discriminación" por lo que "una institución financiera no podría rechazar la apertura de cuenta para recepción de remuneraciones de una persona cuya fuente laboral tiene ingresos de naturaleza sospechosa".

Por eso entiende que la iniciativa es "un agujero negro de proporciones cósmicas en el sistema de prevención de lavado de activos en el Uruguay".

"¿Qué puede hace un banco ante esta situación? ¿Reportar las operaciones como `sospechosas`?", se preguntó.

Vallcorba contestó que el proyecto "simplifica algunos trámites cuando no existen riesgos vinculados al lavado. Buena parte de estos aspectos se juegan en la reglamentación y la implementación del Banco Central (BCU) que va a seguir en línea con las recomendaciones internacionales en materia de lavado". Agregó que "para todo lo demás operan las mismas restricciones que hay hoy. El banco, cuando crea que hay una operación sospechosa tiene que denunciar ante el BCU".
Privacidad y secreto.

Una de las críticas más fuertes que hizo De Brun fue la información que deben remitir los bancos a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre operaciones realizadas con tarjetas.

Esto es un "penal y gol en contra" de los objetivos del proyecto, afirmó. La promoción de ciertos medios de pago electrónicos "no parece tener otro fin que la invasión de la privacidad, al módico precio de dos puntos de IVA (que se exoneran para la compra con tarjeta)", aseguró. "Bajo esta filosofía, la iniciativa está condenada al fracaso", estimó.

Sin embargo, Vallcorba dijo a El País que "hay un equilibrio que es importante mantener" por lo que "en la reformulación del proyecto, no estamos previendo introducirle ningún cambio respecto a lo que es el régimen actual". El texto al que refiere De Brun "va a ser ajustado para mantenerlo en línea con el funcionamiento actual". Solo se agregarán nuevos actores y no se dará a la DGI la facultad cuestionada.
Crédito.

De Brun también criticó que se ponga un tope a las tasas de interés a cobrar al crédito con retención de sueldo. "Es un insulto a la teoría económica", fustigó. Además, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas cuestionó "la exclusión en la prioridad de las retenciones" para ellas y que las "menosprecia".

Vallcorba dijo que "es una preocupación que la oportunidad que se les da a los agentes de ofrecer este crédito, sea en condiciones favorables para los trabajadores y pasivos. No estamos poniendo ningún tope, sino que la tasa máxima no supere más de 10% el promedio".

"Si estuviéramos errados, ningún banco estaría dispuesto a ofrecer este crédito. Estamos confiados de que la mayoría de los bancos privados van a estar interesados", agregó.

En cuanto a las cooperativas, enfatizó que "no hay tratamiento preferencial para los bancos, se los pone en pie de igualdad" y que una cooperativa podrá dar crédito con retención de la cuota en el sueldo.

Portal de América