por Luis Alejandro Rizzi desde Buenos Aires

El servicial Ministro Julio de Vido ya estaría a la búsqueda  de empresarios para ofrecerles una parte de la empresa.

Dejemos de lado los vericuetos legales que habría que sortear, primero debería tener sentencia firme el juicio de expropiación, segundo hay que modificar la ley 26412 en su artículo 9 dispone que: “En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.”

Esto implica que un primer momento solo podría “privatizarse” hasta el 49% y el grupo ingresante carecería de “…la capacidad de decisión estratégica…” con lo cual todo esto resulta de imposible realización, salvo que como lo hizo en su momento la SEPI, el Estado se comporte como un “pródigo”, cosa no del todo improbable si aparecen “amigos”.

Lo grave es el contexto de esta supuesta intención, la que obviamente no solo carece de seriedad  sino que además presenta el “eventual proceso privatizador” como una severa sanción a los trabajadores de la empresa y especialmente a sus dirigentes gremiales por haberse portado mal.

El mensaje subliminar  insinúa que la eventual cesión al capital privado significará la pérdida de beneficios y privilegios  que solo pude conceder graciosamente el estado y además la implementación de un superior nivel de disciplina que terminará con beneficios y prerrogativas inadmisibles  por lo menos en la situación actual de ARG a la que todos los ciudadanos aportamos como mínimo u$s 1,5 millones por día.

La otra lectura que podemos hacer es que la Presidenta asumió que el estado carece de capacidad e idoneidad para gerenciar a la empresa y por tanto no hay más remedio que entregarla al capital privado.

No cabe duda que esta “orden” de “privatizar AEROLINEAS ARGENTINAS” asume la dimensión de un castigo y la imposición de una muy dura pena…

Paradójicamente estimo que en este momento el estado debe designar personas capaces e idóneas para administrar a ARG y AU, el congreso de la Nación en el Presupuesto Nacional deberá fijar los recursos para las empresas y a partir de ese momento se deberá iniciar un proceso de racionalización que estimo llevará como mínimo dos años.

Recién y una vez que tengamos a las dos empresas ordenadas, podríamos hablar de privatización, total o parcial o incluso de continuar bajo el dominio del estado.

Simultáneamente deberíamos tener una nueva política aérea y un nuevo marco regulatorio, además de una política previsible que permita planificar. Sin estas condiciones no tiene sentido hacer algo.

Una vez más no podemos demonizar a la actividad privada y presentarla como el infierno tan temido en contraposición al Estado que vendría a ser una suerte de paraíso terrenal o celestial.

En fin este amague de “privatización” demuestra que  el gobierno le tiene mínima simpatía al sector privado al que sigue culpando por el proceso inflacionario que cuando menos llega al 27% si lo medimos por el incremento salarial dado a los gremios docentes.

Pero tengámoslo en cuenta, ¡quien no se porte bien será privatizado!

Portal de América

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