por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires (en cuarentena que se deshilacha de hecho, por su mala calidad)
Más de una vez irrita el uso de la ideología para armar un relato fantasioso, y resulta que este vicio no solo es imputable al “KristinismoK”, sino también a muchos que militan como opositores.
El Editorial de La Nación incurre en la sofística, ya que es cierto que en Argentina operan las líneas individualizadas, pero no dice que esas líneas funcionan de modo ilegal ya que no reúnen los requisitos que establecen el artículo 99 del código Aeronáutico, principio de la propiedad sustancial, ni las disposiciones de la ley vigente ley 19030. El editorial calla, que también LATAM podría ser incluída en esa lista.
Si hubiera honestidad intelectual, se debería comenzar por criticar la vetusta legislación, como lo venimos haciendo, incluso proponiendo la modificación del código aeronáutico, según lo hemos expresado reiteradamente en el PDA desde hace tiempo, y cuyo anteproyecto presentamos oportunamente al Ministerio de Transporte del gobierno de Mauricio Macri y a la ANAC.
En el gobierno de Macri fuimos vituperados por un experto en equipos de diálisis a cargo de la ANAC (sic), y la actual gestión a cargo de la Licenciada Paola Tamburelli me ha dicho personalmente, opinión que respeto, que no considerará ese anteproyecto, dado que hay alguno más, aparte del mío.
El editorial termina con esta advertencia (sic) “…En el caso de que las políticas que tratamos en esta columna editorial no sean corregidas, el mercado aéreo argentino estará servido por una Aerolíneas Argentinas carente de competencia, con tarifas más altas, menor conectividad, peor calidad y mayor subsidio estatal.”
Una parte es verdad, con la legislación vigente, realmente sólo Aerolíneas Argentinas podría operar, salvo el 50% del cabotaje que quedaría liberado para empresas privadas de capital mayoritario nacional, y en el transporte internacional es el instrumento elegido para su ejecución.
Es probable que las tarifas del transporte aéreo deban incrementarse, ya que el COVID 19 puso al descubierto que el transporte aéreo ofrecía tarifas insustentables, y que los pronósticos sobre su desmesurado crecimiento en los próximos años sólo eran argumentos marketineros para fabricar y vender más aviones, y quedaron reducidos a la nada. Ahora los pronósticos se invirtieron, como modo de presionar a los gobiernos para que distribuyan “ayudas” cuyo otorgamiento está limitado por la Unión Europea, sin perjuicio de los programas de asistencia vinculados con las consecuencias del coronavirus.
Aerolíneas Argentinas en 1984, bajo mi administración y gracias a las ideas de Eugenio Negro y el gallego Garcia Lemos, con quien mantengo relación por medio del “facebook”, pusimos en práctica el “hub” Córdoba, sin basar aviones ni tripulaciones, para lograr mayor productividad.
Y teníamos en preparación el próximo con asiento en Neuquén, que luego de mi despido quedó en la nada.
También habíamos comenzado con vuelos directos sin pasar por Aeroparque entre ciudades del interior, obviamente en las que había mercado.
Es cierto, la gestión de la empresa desde su nueva estatización en 2008 fue pésima, incluido el gobierno de Macri que creo cometió un craso error con el despido de Isela Costantini, que comparada con sus sucesores, obviamente fue la mejor, tenía sensibilidad.
Ahora el gobierno resolvió la fusión de modo absolutista y fundada en la cursilería de una carta obesa en su tamaño y nada convincente, que traduce la soberbia de la verdad absoluta, que como sabemos está muy lejos del alcance humano.
Esta administracion tiene la mentalidad del reparto gratuito de escarapelas el 25 de mayo, al hacer mérito de los vuelos a China, como si se tratara de expediciones hacia lo desconocido o de los vuelos de repatriación que son vuelos comerciales que los pasajeros deben pagar.
Señor Ceriani, no somos boludos.
Si la intención de la fusión fuera tomada de buena fe, en vez de la carta primero debió presentarles el proyecto a los gremios aeronáuticos y dialogar sobre la necesidad de la fusión, decisión que comparto. En lo posible presentarla al personal en conjunto, diseñando un programa para asistir a los cientos de personas que deberán optar por sistemas de retiro.
Debería convenirse un programa de trabajo para por lo menos los próximos tres años, y el modo de controlar su ejecución.
Eso es lo que harían directivos honestos en su intención y con buena fe en su obrar.
Esto que están haciendo es una chapucería que tendrá un altísimo costo.
Por último, si en un diálogo entre las partes no se pudiera lograr un acuerdo, deberán elevarse al gobierno una exposición de hechos para que se tome la decisión, que en mi opinión debería ser la de su liquidación y disolución.
En simultáneo, el gobierno debería estar preparando una reforma sustancial de la legislación vigente para el transporte aéreo, y esta tarea debería ser una de las preocupaciones esenciales de la Licenciada Paola Tamburelli, dado que el Ministerio de Transporte parece ser bastante incompetente en la materia.
Portal de América