por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Con ese fundamento los gremios aeronáuticos APLA, UALA, APTA, APA y UPSA, con la excepción de la A.A.A., decretaron un paro de actividades para el próximo 31 de octubre en las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas del estado.

Analizaremos este ejercicio del derecho de huelga desde la óptica de un concepto amplio de la justicia social.

Hoy en Argentina, por causas conocidas pero que no viene al caso reiterar, estamos lejos de un aceptable nivel de “justicia social”.

Un tercio de la población es pobre, un 6% de ese total es indigente, es decir no tiene lo mínimo no ya para vivir, sino para sobrevivir o subsistir.

El alto porcentaje de la gente carece de agua corriente, cloacas y acceso a servicios públicos indispensables y muchos de los que tienen acceso no pueden utilizarlos por su estado de pobreza o indigencia.

Aerolíneas Argentinas es y ha sido una empresa deficitaria desde su fundación, salvo algún ejercicio en el que la llamada contabilidad creativa o mágica, durante gobiernos no democráticos, dio números azules, de dudosa consistencia.

La empresa es financiada por los impuestos que pagan todos los contribuyentes, entre los que se cuentan los pobres y los indigentes.

El personal de Aerolíneas Argentinas y Austral, desde el punto de vista salarial, están en situación de privilegio, y no dudo en afirmar que más del 90% de su personal forma parte de los deciles 8 a 10 del nivel de ingresos que mide el INDEC, lo que significa que perciben salarios dignos y los restantes siete deciles, están por debajo de los $ 15.000, siendo el salario mínimo vital $ 8.060.

Puede ser que comparativamente los salarios del personal aeronáutico no estén en línea con niveles internacionales, pero la medida debe compararse con lo que nos ocurre como país y como sociedad.

La recomposición salarial que piden los trabajadores aeronáuticos vulnera el óptimo de Pareto, ya que sólo se podría pagar con mayores aportes del Estado, es decir, de impuestos que pagamos los argentinos, de los que una gran mayoría viven por debajo del escalón de dignidad exigible para esta época del siglo XXI. El benéfico de los trabajadores aeronáuticos se financiaría con dinero que no podría destinarse a mejorar  la condición de los menos favorecidos, a los que en sí se los perjudicaría.

Los directivos empresarios, no obstante esta realidad han hecho un ofrecimiento del 16%, que según alguna información disponible, con algunos retoques podría llegar al 20%. Con relación a la inflación habría un pérdida de dos o tres puntos, que  no significa agravio o menoscabo alguno, porque en definitiva si hay inflación también somos culpables por haber votado a gobiernos que hicieron culto del malgasto y el dispendio.

En la situación que están las empresas cuyos últimos balances aun no han sido aprobados o divulgados, realmente no se podría ofrecer siquiera un peso de incremento, quizás haciendo alguna excepción en los salarios más bajos. Esto por la sencilla razón que las empresas pierden dinero y sus índices de productividad no se conocen, pero teniendo en cuenta la cantidad de personal, debemos admitir que también funciona como un costoso seguro de desempleo.

Pasa que el personal debería formar parte de la dirección y compenetrarse con la situación económica financiera de las empresas, lo que los convertiría también en responsables de sus reclamos, y antes que recomponer el salario habría que recomponer la rentabilidad empresaria en una actividad en la que hoy día se gana dinero o se quiebra.

Pasa que este gobierno no tiene coraje para proponer y realizar cambios culturales, entre los que se debe incluir un nuevo concepto de justicia social consistente en la participación de la gestión empresarial.

Las llamadas conquistas gremiales perdieron su razón de ser dado que están incorporados a nuestra cultura, sin por ello dejar de reconocer que deberían armonizarse con el ejercicio de otros derechos y respeto de obligaciones, lo que no significa “ajuste” ni nada por el estilo.

Un principio de justicia liberal desarrollado por John Rawls es el de “imparcialidad”, que pone énfasis en las obligaciones y responsabilidades de la gente, y en este momento ni gremios ni empresa ni el gobierno, están actuando con responsabilidad dirigencial, por lo tanto el sistema no es justo.

¿No sería el momento que las reuniones decisivas se trasmitieran por medios públicos para que podamos apreciar el nivel de idoneidad de las partes, ya que están gerenciando nuestros impuestos?.

El próximo lunes tendremos una jornada en que se pretenderán forzar acuerdos que son meros remiendos.  Se bajarán unos impuestos distorsivos, para aumentar otros, algunos gremios ofrecerán algún  nivel de flexibilización, que no será más que nada suspensión de ciertos abusos, algunos empresarios pedirán “necesarios” beneficios temporarios, algún cura o funcionario bendecirá los acuerdos y todos felices comerán perdices….

El camino a la reelección del 2019 estará abierto para evitar que los malos regresen y que pueda haber alguna renovación dentro de los actuales funcionarios del gobierno, que solo han demostrado, con alguna excepción, un excelente nivel de soberbia, como ocurre en el Ministerio de Transporte que no se ha animado a proponer reformas  de la legislación aeronáutica.

Pero como consuelo nos queda que en el transporte público mantendrá el actual régimen de subsidio a la oferta, incrementado gradualmente durante el año un 150% las irrisorias tarifas existentes.

Habrán pensado que se deberían liberar las tarifas y ofrecer un subsidio a la demanda a los sectores menos favorecidos. Hoy la tecnología e información disponible lo hace posible y fácil.

Hasta ahora el 31 de octubre la revolución de los aviones retrocederá algún casillero, y las culpas estarán solo del lado de los gremios…los otros se lamentarán por cuanto medio tengan disponible por la incomprensión.

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