por Alejandro Spera, @alejandrospera en Twitter

La empresa de corta trayectoria -apenas 2 años y meses- radicada en Miami, Strategic Air Finance (SAF), dirige su actividad a un “pasamano” financiero: compran aviones para arrendamiento a aerolíneas bajo condiciones de leasing, es decir, alquiler con opción a compra.  Basta visitar la página web www.strategicair.com para comprobar la falta de información que allí se presenta en relación a sus servicios, no exhiben un catálogo de aviones disponibles; ni siquiera hay una dirección de email de contacto.  Mientras esta escasa información siembra nuevas dudas respecto al destino de las aeronaves, se conoció un informe de la consultora internacional AVITAS, que presentó El Observador, donde se estima que el precio de mercado por cada aeronave de ese tipo en 2014 rondaría US$ 17,1 millones para los modelo 2008, y US$ 18,4 millones para los modelo 2009 (de acuerdo a los años en los que se adquirieron los aviones de PLUNA). Ello sumaría US$ 123,6 millones, monto muy superior a los US$ 77 negociados por el síndico ejercido por la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) con SAF, destinados al concurso para pagarle a los acreedores de Pluna.  De todas formas, hace 2 años, cuando el famoso caballero de la derecha levantó su mano en la parodia del remate de los aviones, ofreció 137 millones, por lo que el precio pactado finalmente produce una desvalorización del activo de 60 millones en este período. 

Podemos hacer algunos números generales para demostrar que la “equivocación” del Frente Amplio, en este tema, le ha costado en forma directa a la sociedad uruguaya un número verdaderamente inconmensurable.  Aún resta mucho por pagar por concepto de juicios que sentenciarán al Estado en favor de los exempleados (que a la fecha no cobraron sus créditos laborales), proveedores, daños y perjuicios, daño moral, entre otras contingencias, etc.

A los 60 millones antedichos debe incorporarse el gasto por “tenerlos parados” durante 2 años, que ocasionó un gasto de mantenimiento preventivo importante de más de 12 millones de dólares, con el objetivo de que pudieran mantener su condición de aeronavegables.  Este gasto, que significó un aporte de medio millón de dólares por mes durante 24 meses, es apenas imputable a la operativa aeronáutica y pinta el alto nivel de costos que debe afrontar una aerolínea para sostener sus operaciones.

Simultáneamente, se debe considerar el pago de 4 cuotas que el Estado tuvo que transferir al Scotia Bank of Canada, institución bancaria que financió la compra original de los aviones por parte de PLUNA Ente en 2007, bajo la garantía soberana del Estado uruguayo.  La cifra, en este caso, supera los 32 millones de dólares. 

En otro orden, sumando pérdidas a esta eterna cuenta en rojo, el “aval perfecto” otorgado en forma irregular por el Banco de la República Oriental del Uruguay, que condujo a su presidente, Fernando Calloia, al procesamiento sin prisión junto al exministro de Economía Fernando Lorenzo, y que posteriormente Juan Carlos López Mena se hiciera cargo (cosa que no hizo efectiva), fue transferido al fideicomiso que administró los aviones bajo la ley declarada inconstitucional, por lo que hay más de 13 millones de dólares en juego de aporte del Estado en esta peripecia. 

Finalmente, se conoció la verificación de créditos en el concurso de acreedores llevado adelante por el síndico a cargo de la liquidación de la compañía, que totaliza alrededor de 172 millones de dólares adicionales. 

Por  tanto, veamos a continuación la ecuación del caso PLUNA:  60 + 12 + 32 + 13 + 172 = 289 millones de dólares.  Hay algo más para agregar?  Hagamos una colecta de 100 dólares por uruguayo para salir del paso y cerramos el caso.

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