por Verónica Mondragón/Excélsior

En votación preliminar y por unanimidad, los ministros anularon el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum, que incluye la regulación del Parque Nacional y la zona de monumentos arqueológicos Tulum-Tankah, el cual fue publicado en 2008.

Esta decisión del máximo tribunal de justicia del país deja en vilo la situación jurídica de los 180 predios que ya existen en el territorio que abarca 664 hectáreas.

Así, durante el segundo día de la discusión, la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 72/2008, que llegó al máximo tribunal luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) afirmara que el decreto en cuestión violaba las atribuciones de la Federación.

“Hay moradas, no urbes”

En el decreto, vigente desde hace tres años, el gobierno  federal concedió la gestión de Tulum a las autoridades municipales, a pesar de que este territorio fue expropiado, por lo que es propiedad de la nación.

“No hay concurrencia de atribuciones propias de cada una de esas entidades; solamente la Federación tiene el palo y mando sobre lo expropiado, por razón de que entra al dominio público de la Federación”, aseguró el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Y en esta postura coincidieron los otros diez ministros.

Esta discusión fue iniciada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero pasado.

Debido a que no existía información y datos suficientes, el ministro Sergio Armando Valls Hernández elaboró un nuevo dictamen, en el que propuso invalidar parcialmente el programa de desarrollo y plantear una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la regulación predial.

Mientras que el ministro presidente, Juan Silva Meza, afirmó que la invalidez del programa municipal de desarrollo urbano  radica en que se trata de un parque nacional, de riqueza natural reconocida.

Silva Meza explicó que esa zona debe estar libre del fenómeno de urbanización.

“En cierto grado hay moradas, no urbes”, aseveró el presidente de la SCJN.

Los ministros aseguraron además que debe existir coordinación entre el gobierno local y el federal para administrar el terreno.

Aguirre Anguiano aseguró que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas “está muy mal hecha”, y resaltó la inconstitucionalidad de esta legislación.

En la sesión del próximo jueves, los ministros discutirán los efectos del fallo dictado ayer y se determinará cómo se afectarán los predios construidos en esa región de Quintana Roo.

Aplauden fallo

La Semarnat aplaudió la decisión de la SCJN de invalidar el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Tulum:

El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales , Luis Fueyo, consideró que esta determinación establece un precedente y da certidumbre a las acciones de conservación que efectúa la autoridad ambiental federal para proteger el patrimonio natural de la nación.

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