por E. Delgado / M. Noguez, El País Digital

"Es una orden judicial, por lo tanto si no está la encargada, con la persona que esté a cargo…", dijo al llegar uno de los inspectores. "Ustedes tienen todo el paso permitido, las cámaras vamos a pedir que aguarden afuera. Sigan con todo el procedimiento como es debido", respondió el empleado del restaurante.

Algunos minutos después de las 17 horas y como estaba previsto desde hace varios días, los funcionarios del fisco llegaron hasta el comercio de Mallman ubicado en el centro del pueblo Garzón y colocaron una decena de letreros con la inscripción "clausurado" en puertas y ventanas del establecimiento.

El procedimiento había estado en duda, porque el reconocido chef internacional intentó que la clausura quedara en suspenso mediante un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra la normativa tributaria que autoriza la clausura de comercios, y que fue presentado ante la Justicia el viernes pasado.

El lunes, Julio Cesar Chalar, ministro Superior de Feria de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), declaró "inadmisible" la acción.

"Nunca vi un caso en que la Suprema Corte de Justicia se haya expedido tan rápido, la celeridad sorprende. Respetando plenamente la decisión del ministro de feria, ojalá siempre la Corte sea tan rápida para resolver sobre todo los temas que se le plantean", dijo a El País el abogado de Mallman, Leonardo Costa. "Es la primera vez en 22 años que me pasa algo así", acotó.

En tanto, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, dijo a El País que "se terminó procediendo a hacer la clausura del establecimiento como marca la norma, más allá de chicanas judiciales que se realizan en este caso, y que no tienen ningún fundamento".

La orden de clausura es por un procedimiento iniciado en el año 2012 por una presunta irregularidad en la facturación online de las habitaciones del hotel, indicó Costa En este sentido, expresó que todas las comunicaciones se hicieron en el domicilio constituido de la empresa en Montevideo, cuando el negocio está en Garzón (Maldonado). Mallman no sabía del procedimiento y se enteró de la clausura dispuesta en su contra el 8 de enero, cuando la medida había sido habilitada por la Justicia en febrero de 2013, según se establece en el escrito al que accedió El País.

El abogado agregó que "la imposibilidad que tuvo Mallman de defensa no es imputable a la DGI" y que se debió cambiar el domicilio de Montevideo a Maldonado. "Planteamos la inconstitucionalidad de la ley de clausura como forma de detener el procedimiento. La única alternativa era esa", reconoció Costa. El reconocido tributarista y exprosecretario de la Presidencia recordó que sostiene desde tiempo atrás la inconstitucionalidad de la norma.

El artículo 69 de la ley 16.134 establece que la DGI está facultada a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes, la clausura, hasta por un lapso de seis días hábiles, de los establecimientos o empresas en los que se compruebe que realizaron ventas o prestaron servicios sin emitir factura o documento equivalente cuando corresponda, escrituraron facturas por un importe menor al real, o transgredan el régimen general de documentación, de forma tal que hagan presumible la configuración de defraudación.

El viernes pasado una jueza civil habilitó la feria judicial y elevó el expediente a la Corte. El máximo organismo oficial ya había emitido con anterioridad una sentencia que consideró constitucional la norma que habilita la clausura de comercios.

"No es que no se facture ni que no se pague. Por el contrario, el viernes fueron a una nueva inspección y no encontraron irregularidades. A Mallman le va su prestigio en esto. Tiene el hotel para mostrar su arte, que por el dinero, ya que son solo cinco habitaciones", afirmó Costa.
Ferreri rechazó que el alcalde de Punta del Este "defienda evasores"

El alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, cuestionó el lunes el mecanismo de clausuras durante el verano que aplica la DGI. En declaraciones a FM Gente, el jerarca expresó que este tipo de medidas "perjudica" al comerciante porque no se le permite trabajar para pagar las multas, pero además perjudica a los empleados y proveedores de cada negocio que en muchos casos solo pueden trabajar durante la temporada estival.

El director de Rentas, Pablo Ferreri cuestionó estas declaraciones y defendió el operativo. "Es absolutamente improcedente que alguien que realiza una función pública salga en defensa de los evasores, cuando se espera que sea alguien que se ponga del lado de los contribuyentes honestos que día a día con mucho esfuerzo cumplen con sus obligaciones, dijo a El País.

Ferreri agregó que la "preocupación" del organismos "es proteger a los comerciantes honestos". "Se ve que no es así en todos los casos. Nos gustaría saber qué opinan los comerciantes que pagan sus impuestos cuando una figura pública sale en defensa de quienes evadiendo compiten deslealmente y los perjudican", agregó. Laventure sostiene que las clausuras afectan la imagen del balneario.

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