Según dijeron a En Perspectiva fuentes que participan de las negociaciones, si bien la decisión final de cómo se venderán las aeronaves recae en la magistrada, la ley de concurso en su artículo 74 prevé que sea el síndico el que haga la propuesta de cuál es la mejor manera para enajenar los bienes en caso de fácil deterioro o difícil conservación, como son las aeronaves.

La idea de la sindicatura es establecer la forma que dé las mayores garantías y que sea lo más beneficioso para los acreedores. Las fuentes consultadas señalaron que el remate no es lo habitual en la venta de aviones, y por lo tanto se entiende que no es lo más conveniente innovar en un mecanismo de este tipo, cuando además hubo antecedentes de fracaso en este sistema de venta en ocasiones anteriores.

Por ahora, según dijeron los informantes, la sindicatura no ha recibido ninguna propuesta judicial de interesados en las aeronaves, más allá de algún planteo informal.

En otro orden, Fernando Cabrera, el director de Jurídica de la Lideco (Liga de Defensa Comercial) que integra la Comisión de Acreedores, explicó a En Perspectiva los pasos que seguirán ellos a raíz de la noticia que se conoció ayer de la inconstitucionalidad para todos los acreedores.

“Si bien no está prevista específicamente la participación de los acreedores, la Comisión se va a reunir en los próximos días para analizar el expediente, para hace sus observaciones, establece cuáles deberían ser unas condiciones mínimas o básicas para las comercialización de los aviones. Después la jueza lo evaluará a la hora de decidir”.

De todas formas, según dijo Cabrera a En Perspectiva, desde la Lideco siguen entendiendo que la mejor opción para este tema es una salida a través de un convenio entre los acreedores y el Estado.
“La mejor solución para Lideco sería la celebración de un convenio con los acreedores y con esta alternativa se estarían solucionando diferentes aspectos, como ser: qué podría suceder con los aviones, solucionar que puedan ser transferidos a Alas U, se podría estar solucionando también evitando juicios que podría recibir el Estado en su contra, con lo cual vemos todas esas alternativas posibles”.

En cuanto a las ventajas si se planteara un acuerdo, desde Lideco entienden que hay una serie de contingencias que tiene el Estado planteadas hoy en día, como juicios por capitalizaciones comprometidas que no realizaron, acciones sociales de responsabilidad, “juicios de calificación”, que si bien van a llevar un tiempo, si la Justicia les da lugar el Estado tendrá que salir a cumplir y a poner la plata.

Por lo tanto, un convenio – consideró Cabrera- permitiría acotar el daño para el Estado y quedarse con los aviones para hacer lo que quiera y sería ventajoso porque le permitiría a los acreedores cobrar ahora.

Poco antes de conocerse la decisión de la Justicia que declaraba la institucionalidad de la ley para todos los acreedores de Pluna, el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, dijo que los aspectos jurídicos trancaban la entrega de un préstamo a Alas Uruguay. Además subrayó el compromiso del gobierno con la nueva empresa.

Guerrero indicó que el Ejecutivo espera que se llegue a un acuerdo por los aviones entre el síndico y los trabajadores, pero de no alcanzarse, el gobierno mantiene su voluntad de otorgar un préstamo para viabilizar el proyecto.

Portal de América - Fuente: www.espectador.com