Ante la consulta de si se plantea una autocrítica respecto a la elaboración de esta ley, Lorenzo afirma: “Por supuesto (…), no tengo ningún reparo en hacerlo, creo que es lo que debemos hacer los gobernantes, reconocer cuando nos equivocamos”.

En una entrevista que publica hoy el diario La República, Lorenzo dijo que “ahora el tema pasa a regirse por lo previsto en el régimen general de concursos” y aseguró que desde el Gobierno se disponen a “hacer todo lo necesario para cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia”.

El jerarca manifestó la voluntad del Poder Ejecutivo de colaborar con la jueza a cargo del concurso y con el síndico. Y, ante el anuncio de que éste presentará un recurso de inconstitucionalidad, sostuvo: “es nuestra intención allanarnos al planteo, de manera que no haya necesidad de que el asunto sea objeto de ninguna clase de controversia ni contratiempo”.

Al ser consultado sobre su interpretación sobre la sentencia de de la Suprema Corte, Lorenzo afirmó que algunos aspectos le provocaron “sorpresa”. 

El jerarca insistió en que con la Ley 18.931, que se creó para el cierre de Pluna S.A, se entendió que “estaba claramente inspirada y fundamentada en razones de interés general” y que “trató de ofrecer una solución más eficiente que la prevista en la normativa general para procesar el concurso de la empresa”.

De todas formas, evaluó que la sentencia es “contundente” afirmando que se viola la separación de poderes. “Jamás imaginamos que la iniciativa podría llegar a ser objeto de este tipo de cuestionamiento”, agregó.  

Acerca de los cuestionamientos que surgen desde la oposición, Lorenzo afirmó que ésta “ha sido y es especialista en advertir acerca de la inminencia de catástrofes de todo tipo que ocurrirían como consecuencia de las acciones de los Gobiernos del Frente Amplio”. Y agregó: “La oposición estuvo en contra del cierre de Pluna S.A, a pesar de que la empresa había caído en estado de insolvencia y no disponía de liquidez para seguir funcionando. (…) Obsérvese que se pretendía que la empresa siguiera en actividad, que los acreedores continuaran cobrando y que al Estado no le costara un peso”, indicó el jerarca.

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