Sin embargo, para suerte de las familias de las víctimas, un juez federal ha ordenado que la compañía se presente en su juzgado para comunicarle que será procesada, lo que en Estados Unidos es un "felony charge".
La acusación tiene que ver con los fallos mecánicos que condujeron a las dos catástrofes. Este procedimiento no tiene que ver con las acusaciones de engaño a los inversores, resuelto ante otra instancia, ni tampoco con otro procedimiento penal por conspirar para ocultar los defectos de los aviones a las autoridades.
La decisión actual es el resultado de que un cierto número de familias de los 346 muertos objetaron al acuerdo que permitía que Boeing no fuera a este juicio. Reed O'Connor, juez federal, dijo que las víctimas habían muerto por un delito que debía ser juzgado y no es por lo tanto válido el acuerdo del Gobierno con la empresa acusada (¿Quién fue culpable de la caída del Boeing 737 Max etíope?).
Paul Cassell, abogado de algunas familias, explicó a los medios que "estamos contentos de que los jueces hayan ratificado nuestra petición para anular el acuerdo entre Justicia y Boeing".
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