Las manifestaciones de la Ministra se producen horas después de que Vozpopuli publicara un demoledor artículo sobre este monumental escándalo. Como ya informáramos en Los vuelos de Plus Ultra a Venezuela los organiza el Consulado español, el rescate de 53 millones fue entregado a una aerolínea irrelevante y con la mitad del accionariado (47,23%) en manos venezolanas muy bien conectadas con el régimen bolivariano de Nicolas Maduro, en clara discriminacion de sus competidoras españolas y de cientos de miles de pequeñas empresas abandonadas tras la pandemia.
Vozpópuli resume en Plus Ultra: diez evidencias de prevaricación y cuatro ministras bajo sospecha los motivos por los que entiende que el Gobierno habría incurrido en ese delito al conceder esos 53 millones de euros.
Las siguientes son las (al menos) diez evidencias de que tras esta ayuda pudiera haber un delito de prevaricación:
1.- Plus Ultra no es una empresa estratégica. Según el Real Decreto 25/2020, el fondo del que se ha beneficiado esta sociedad "tiene por objeto compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo". Eso quiere decir que el Gobierno cree que Plus Ultra es estratégica, si bien todos los datos apuntan a lo contrario. En el año 2019, justo antes de la pandemia, la aerolínea apenas operaba en España el 0,03% de todos los vuelos y, en consecuencia, ocupaba el puesto número 166 en el ranking de las aerolíneas que trabajan en nuestro país.
2.- Plus Ultra no es solvente. Como bien dice el entrecomillado inicial del párrafo anterior, el fondo está creado para ayudar a "empresas solventes". Sin embargo, difícilmente puede considerarse solvente una empresa que siempre ha dado pérdidas desde su creación en 2011. De hecho, la prueba más clara de su falta de solvencia es que en 2020 acudió a la banca española para pedir un crédito ICO y se lo rechazaron por el riesgo que entrañaba la operación. Es decir, los bancos españoles no se fiaron de Plus Ultra a pesar de que el año pasado le dieron un crédito ICO a 600.000 empresas.
3.- Los problemas de Plus Ultra no tienen que ver con el coronavirus. Dice la misma frase del decreto que el fondo tiene como finalidad "compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de las empresas", si bien es evidente que los problemas de esta aerolínea no están ligados al coronavirus, como sí ha ocurrido con otras compañías que han entrado en pérdidas como consecuencia de tener que dejar de volar. De hecho, Plus Ultra ya fue salvada in extremis a finales de 2017 por un banco panameño que le concedió un préstamo para evitar que entrase en causa de disolución. Y, en el año de la covid, se da la paradoja de que la propia empresa confiesa en sus últimas cuentas que la pandemia le ha venido muy bien porque ha aprovechado para realizar vuelos de transporte de material sanitario. Con apenas un avión en su flota, al no poder transportar pasajeros por las restricciones, ha sido relativamente sencillo darle otro uso y transportar mercancías.
4.- La ayuda a Plus Ultra no es proporcional. Asegura el decreto que las ayudas del fondo deben concederse bajo "los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y protección del interés general". Esto último se incumple según lo visto en el punto 1, y sobre todo cuando se comprueba que esta aerolínea apenas mantenía rutas con Caracas, Lima y Quito. En cuanto a la proporcionalidad y a la igualdad de trato, y si nos atenemos a la ayuda recibida del mismo fondo por Air Europa, observamos con claridad que al Gobierno se le ha ido la mano. Si a la empresa de la familia Hidalgo le han dado 475 millones, y opera 165.000 vuelos en un año normal, Plus Ultra apenas debería haber recibido 2,4 millones siguiendo la misma proporción (823 viajes en 2019). Es más, la ayuda a la empresa hispano-venezolana supone el 56% de su facturación el año anterior a la pandemia, mientras que en el caso de Air Europa el crédito recibido solo cubre el 26% de sus ingresos.
5.- El cese de Plus Ultra apenas tendría impacto. Entre los requisitos exigidos por el decreto para recibir la ayuda se establece que la empresa debe "justificar que un cese forzoso de su actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional". No sabemos qué ha argumentado Plus Ultra ante el Gobierno, pero difícilmente una empresa con 345 empleados, según dice que tiene la ministra de Hacienda (aunque realmente la empresa en sus cuentas habla de 268), puede poner contra las cuerdas la economía española.
6.- Los propietarios de Plus Ultra no son de fiar. La norma señala que para percibir el crédito es obligado también que la empresa no haya sido "condenada por delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraudes o delitos urbanísticos". No están mencionados expresamente los delitos fiscales, pero uno de los dos empresarios españoles que poseen el 53% de la sociedad, Fernando González, fue condenado en 2020 a un año de cárcel por ese motivo, y su pena incluía la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. González y su compañero Julio Martínez eran los responsables de la aerolínea Air Madrid cuando quebró en 2006, dejando a 100.000 personas varadas, y que derivó en una investigación por estafa en la Audiencia Nacional. Curiosamente, el magistrado que archivó aquella causa fue el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
7.- Parte del accionariado está ligado al chavismo. Como ya se ha dicho anteriormente, el 47% de la aerolínea está en manos de tres venezolanos que comparten negocios con Camilo Ibrahim, un empresario muy bien relacionado con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la esposa del presidente Maduro, Cilia Flores, así como con Alex Saab, detenido en Cabo Verde por petición de Estados Unidos al considerarlo el testaferro de Maduro y, por cierto, asesorado por el bufete de Baltasar Garzón. Además, Plus Ultra mantiene una especial relación con la aerolínea pública venezolana, Conviasa, de la que ha operado numerosos vuelos. De hecho, Plus Ultra se introdujo en el país americano tras la entrada en su accionariado de los tres empresarios venezolanos y justo en el momento en que las aerolíneas europeas decidieron reducir sus operaciones en Venezuela por las dificultades impuestas por Maduro para repatriar sus divisas.
8.- El Estado será el último en cobrar. La fórmula elegida por el Gobierno para salvar la compañía consiste en un crédito participativo. Eso quiere decir que en principio España no tomará una parte de las acciones ni nombrará consejeros, y sólo recuperará el dinero en caso de que la empresa tenga beneficios en el futuro, algo que todavía no ha sucedido en la historia de Plus Ultra. Además, si la compañía terminase desapareciendo, como ya pasó con Air Madrid, que era de los mismos propietarios, la ley fija que los acreedores con créditos participativos ocuparán la última posición en la fila para cobrar sus deudas. Es decir, el Estado va a tener muy complicado poder recuperar algún día el dinero entregado a esta aerolínea.
9.- Plus Ultra es la segunda empresa más conflictiva. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, resulta que además el Gobierno acaba de salvar a una empresa que es la segunda que más quejas recibe por parte de los usuarios españoles, y eso a pesar de sus escasos vuelos.
10.- Incumplimiento de las normas europeas. La Unión Europea siempre ha vigilado con lupa la concesión de ayudas estatales a las empresas por si pudieran constituir una alteración de la libre competencia. El fondo español del que se ha beneficiado Plus Ultra ha sido autorizado por Bruselas ante la crisis del coronavirus, y en principio no se requiere el visto bueno de la Comisión Europea si la ayuda es inferior a 250 millones de euros. No obstante, y dada la gravedad de los hechos, los eurodiputados españoles Luis Garicano (Ciudadanos) y Esteban González Pons (PP) ya se han dirigido a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para que tome cartas en el asunto ante una posible "violación de las condiciones" exigidas por la UE. Y lo mismo podrían hacer pronto aerolíneas como Ryanair que se sientan agraviadas por la decisión.
Cuatro ministras y piden explicaciones Vox y el PP
Los indicios de que se haya podido cometer un delito de prevaricación (tomar una decisión injusta a sabiendas) resultan abrumadores, así que el Gobierno debería dar explicaciones cuanto antes y depurar las responsabilidades pertinentes. Aunque el rescate de Plus Ultra fue aprobado en última instancia por el Consejo de Ministros, la decisión realmente fue adoptada por un comité de cinco miembros: Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía; María Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda; Raúl Blanco, secretario general de Industria; y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía. Es decir, en el rescate de Plus Ultra han intervenido personas de confianza de las ministras Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda), Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Energía).
Por su parte, Voz Populi también ha señalado que Plus Ultra recibe el doble de dinero que Air Europa por cada euro facturado. El rescate otorgado a la aerolínea "venezolana" representa el 56% de su facturación en el ejercicio previo a la pandemia, mientras que en el caso de Air Europa representa el 26%.
Del punto de vista político, Vox reclama remitir a la Fiscalía Anticorrupción el expediente aprobado para esta operación "con el fin de que se abran diligencias de investigación en relación con la presunta comisión de delitos en la concesión de las ayudas". Además Vox también llevará al Pleno del Congreso la gestión de este fondo de rescate, ya que al interpelar a la ministra Montero, ha registrado una moción para condicionar la gestión del fondo de rescate y actuar contra una de sus operaciones, las ayudas concedidas a la aerolínea Plus Ultra.
Por su lado, el PP quiere que el Congreso pueda someter a votación la idoneidad de las operaciones de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y encargar, si la Cámara así lo acuerda, una valoración externa e independiente para comprobar la legalidad en caso de sospechas. El PP quiere que, una vez aportada esta documentación, si la mayoría de la Comisión discrepa con la decisión adoptada por la SEPI y el Gobierno en alguna operación concreta, se someta a una valoración externa e independiente para determinar si se ajusta a la ley o no.
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