Los funcionarios de la Aviación Civil, pertenecientes al Ministerio de Defensa denuncian el desmantelamiento de los aeropuertos.
El Sindicato Único de Especialistas Aeronáuticos – SUEA - se opone a la PERDIDA de funcionarios en diferentes aeropuertos y al Decreto que frena la provisión de nuevas vacantes.
S.U.E.A., integrante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado - COFE - advierte a las autoridades competentes mediante informe del desmantelamiento de las políticas aeronáuticas desarrolladas por el Ministerio de Defensa Nacional en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica; DI.N.A.C.I.A.
Los trabajadores de la aeronáutica, destacan en ese análisis orientado a detallar que el Decreto 90/020, en su artículo cuarto, “prohíbe la provisión de los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019”. Además de esa prohibición, dice que de los cargos que “se generen durante el ejercicio 2020, sólo podrán ocuparse un tercio”. El texto hace una excepción con el personal docente, el personal profesional técnico y especializado de la salud, y el personal dependiente de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional (militar - escalafón K), los cuales en todos los casos podrán ser cubiertos exclusivamente para su desempeño efectivo, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación según corresponda. Quedan asimismo exceptuados aquellos casos que exista norma legal que obliga a llenar las vacantes, así como las de ascenso respecto de las cuales ya exista llamado a concurso aprobado.
SUEA expresa que de más de 600 puestos de trabajo de la Dirección Nacional, solo quedan 460 aproximadamente, las cuales en este momento hay mas de 120 mayores a los 60 años, con su respectiva causal jubilatorìa o cese obligatorio por edad, y que este tipo de política concluirá que para 2023, el 50% del personal estará en condición de retirarse. Solamente se ha logrado incorporar por medio de las contrataciones previstas en la Ley Nº 19.121 y sus diferentes modalidades de provisoriatos, a poco mas de 30 funcionarios en los últimos 2 años.
Cabe destacar que los pocos contratos de trabajo por art.92 de la Ley 19.121 – 7 funcionarios en total - están siendo rescindidos sin considerar su función, capacitación ni necesidad funcional dentro del desarrollo de la operativa aeroportuaria, así como tampoco se contempla la necesidad del recambio generacional para capacitar a estos funcionarios dada la complejidad de la actividad.
Situación que se agrava desde el año 2014, con el último intento de reestructura, donde ya se contaba con un análisis realizado por expertos de la O.A.C.I. - Organización de Aviación Civil Internacional - donde declaraba en estado de emergencia a la aviación civil uruguaya, respecto a la cantidad del recurso humano y los efectos que esta reducción influye en “optimización de la operativa aeronáutica ” y en la salud de los trabajadores por el desgaste a causa del exceso de tareas, los cuales en algunos aeropuertos ya ni las licencias ordinarias decretadas por Ley pueden tomarse, para no resentir el Servicio, como por ejemplo la División de Telecomunicaciones Aeronáuticas o el Servicio de Operaciones y Plan de Vuelo de los Aeropuertos de Laguna del Sauce – Maldonado – o de Melilla - Montevideo.
Este diagnostico dista mucho de la dicótoma presentada hace poco mas de un año por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, el cual difundió que Uruguay trabaja en un proceso de fortalecimiento del sector aeronáutico uruguayo, con el propósito de unir a los actores de la Aviación Civil del Uruguay y diseñar una política aeronáutica para el país con proyección a futuro. Uno de los hitos de este proceso fue la elaboración de el “Plan Maestro” el cual brindara una estructura sostenible y capaz de enfrentar desafíos en cuanto al crecimiento del transporte aéreo. Plan que se viene llevando a cabo por medio de la “contratación” de un equipo de técnicos y de la colaboración de expertos de la O.A.C.I., desde 2017.
Esta agrupación sindical ha denunciado en todos los ámbitos de negociación colectiva el desmantelamiento de la DI.N.A.C.I.A. y sobre todo de las funciones sustanciales y estratégicas de relevancia para que la aeronáutica se lleve a cabo, con personal técnico y especializado para cumplir con tareas propias de esta actividad, se ha reclamado el ingreso de nuevos funcionarios para el mentado recambio generacional, la reposición de vacantes generadas, una real carrera administrativa, ademas de una verdadera gestión del recurso humano, la cual es inexistente, así como una política interna sustancial destinada al personal.
Se ha manifestado en el Parlamento Nacional y a las autoridades ministeriales, que nos encontramos en la “frontera del incumplimiento”, forma delicada de expresar que estamos en una zona difusa, donde cada vez se hace mas difícil poder cumplir con todos los procedimientos de control, con las normas y reglamentaciones vigentes nacionales e internacionales.
Y si bien esta situación es de carácter generalizado, existen algunas áreas especificas donde el fenómeno de desestructuraciòn y consecuente degradación del Servicio tiene un carácter mas critico y profundo. Por ejemplo la función de CONTROL y FISCALIZACIÓN del Estado en el cumplimiento de la normativa y reglamentaciones de la actividad aeronáutica. Donde no se realiza el recambio generacional, no se capacita, y se cuestiona el gasto en forma permanente de su presencia en diferentes aeropuertos internacionales.
El gremio informó que se ha solicitado información a las autoridades ministeriales, en reiteradas ocasiones “sin obtener respuestas”. En este sentido se indica que se han desarrollado dos reuniones bipartitas y se ha solicitado una reunión tripartita con la DINATRA solicitando la renovación de los contratos rescindidos y de los que vencerán en 2021.
Desde la agrupación sindical nos preguntamos Quienes cumplirán con la función de los trabajadores que ya no están.
Y sobre todo nos preguntamos, cómo continuará funcionando la DI.N.A.C.I.A, sabiendo que más del 50% de funcionarios tendrán causal jubilatoria en los próximos años, que no se renovarán vacantes suficientes y que se rescindirán los contratos.
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