por Pablo Meléndrez

La sindicatura pretende que las aeronaves -que desde que Pluna dejó de volar a mediados de 2012 se encuentran en el aeropuerto internacional de Carrasco- sean vendidas a través de su fabricante, la empresa canadiense Bombardier.

Para eso, AUPE presentará a la jueza Rodríguez Mascardi un borrador del contrato que se busca firmar con la compañía. La propuesta de la sindicatura deberá ser avalada por la magistrada, ya que es ella quien tiene que definir el mecanismo que se usará para la venta.

El contrato que AUPE quiere firmar con Bombardier y pondrá a consideración de la jueza, implica que la empresa cobrará una comisión del 2% del monto total de una futura venta.

Además, se estipula que la compañía deberá presentar las propuestas de los posibles interesados antes del próximo mes de junio, según indicaron fuentes del proceso concursal. En principio, se le otorgaría a Bombardier la exclusividad para negociar cuatro de los aviones, quedando los otros tres bajo la posibilidad ser vendidos por otra vía.

Incluso, según supo El País, en contactos previos mantenidos con AUPE, Bombardier (que aspira ser intermediario en la venta de los siete aviones, opción que no se descarta) indicó que cada aeronave puede llegar a ser negociada en un precio que oscila entre los US$ 11 y 15 millones.

En 2012, al momento del cierre de Pluna S.A., las siete aeronaves habían sido tasadas en US$ 120 millones, lo que arrojaba un precio de US$ 17 millones por cada avión. Pero se estima que debido al tiempo transcurrido su actual valor de mercado es bastante inferior.

Según la ley de Concursos, la venta no podrá realizarse por menos del 50% de la tasación judicial, lo que en este caso equivaldría a US$ 60 millones. En esa situación, las aeronaves se venderían a un precio unitario de US$ 8,5 millones.

En principio, la sindicatura pretende que cada uno de los aviones sea vendido a un valor aproximado a los US$ 9 millones, dijeron las fuentes.

De hecho, considerando la hipótesis más beneficiosa planteada por Bombardier y vendiendo los siete aviones a un precio de US$ 15 millones cada uno, el total recaudado sería de US$ 105 millones, por lo que ingresarían al concurso US$ 15 millones menos que los previstos en la tasación judicial.

Al concurso

Los siete aviones Bombardier CRJ-900 de la exPluna ingresaron al concurso judicial a principios de enero, luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la existencia del fideicomiso que las administraba desde el cierre de la empresa.

Inicialmente, el gobierno buscó vender los siete aviones en el frustrado remate que tuvo lugar el 1° de octubre de 2012. En la subasta, el empresario Hernán Antonio Calvo Sánchez, que dijo representar a la empresa española Cosmo, ofertó US$ 137 millones. Luego, Cosmo retiró la propuesta.

Por las gestiones que hicieron para que el Banco República otorgara el aval de US$ 13,6 millones que Cosmo necesitaba para participar de la subasta, es que el presidente de esa institución, Fernando Calloia y el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, tienen pendiente de resolución pedidos de procesamiento sin prisión.

Los aviones fueron comprados por Pluna S.A. en enero 2008 bajo la gestión del empresario argentino Matías Campiani, actualmente en prisión.

La Suprema Corte envía expediente

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) devolverá a la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos el expediente que implica al exministro de Economía, Fernando Lorenzo y al presidente del Banco República, Fernando Calloia, por las gestiones que realizaron para que la institución concediera irregularmente en octubre de 2012 un aval por US$ 13,6 millones que permitiera a la empresa española Cosmo participar del remate de los siete aviones de Pluna. El fiscal Juan Gómez pidió los procesamientos sin prisión de Lorenzo y Calloia por el delito de abuso de funciones, pero los indagados frenaron la resolución al presentar recursos de inconstitucionalidad contra esa figura delictiva. La SCJ, por unanimidad, rechazó las acciones la semana pasada, decisión que habilita a la jueza a resolver si hace o no lugar a los enjuiciamientos de Lorenzo y Calloia.

Portal de América - Fuente: www.elpais.com.uy