El Decreto 163/20 del 11 de junio de 2020 modifica los requisitos para obtener la residencia fiscal a raíz del patrimonio que se tenga en Uruguay. Se baja el requisito patrimonial a 3,5 millones de UI (unidades Indexadas), unos U$S 380.000 al día de hoy, en lugar de los U$S 1,7 millones que se exigía anteriormente. Como condiciones se establece "que se realice a partir del 1º de julio de 2020 y (la persona) registre una presencia física efectiva en territorio uruguayo durante el año civil de al menos 60 días..."
El mismo decreto también reduce los requisitos para acceder a la residencia fiscal a aquellos extranjeros que posean empresas en Uruguay a 15 millones de UI (unos U$S 1,6 millones, antes eran U$S 5,3 millones). Como condiciones se establece "que se realice a partir del 1º de julio de 2020 y se generen al menos 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia, a tiempo completo, durante el año civil... siempre que no se relacionen con una disminución de puestos de trabajo en entidades vinculadas".
Según los resultandos del Decreto, “La política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades”, por lo que “se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”.
Según declaró ayer al diario El País un profesional que asesora en negocios a clientes del exterior, en referencia a estas medidas, “Esto es un mimo para los argentinos”. Sin embargo, no se debe descartar empresarios de otras nacionalidades, especialmente brasileños, que silenciosamente se han ido sumando.
Una ley de 2011 estableció una “vacación fiscal” para los extranjeros que llegan al país, los que por cinco años están exonerados del pago de Impuesto a la Renta por los rendimientos mobiliarios como intereses por depósitos, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija. El gobierno enviaría un proyecto de ley en el que se ampliará el beneficio a diez años. A esto se suma que Uruguay no cobra tributos a las rentas generadas en el exterior por rendimientos inmobiliarios y por incrementos de patrimonio.
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