Durante 2014 se estableció un récord al tener un accidente fatal por cada 4.4 millones de vuelos. Sin embargo, no se ha alcanzado el mismo éxito en la región, pero sí se ha logrado reducir a la mitad los accidentes que involucran la pérdida de la aeronave, en comparación con los últimos cinco años.

Según Tyler, “Nuestro éxito en materia de seguridad es una muestra del poder que tiene el esfuerzo conjunto entre gobiernos e industria. Es hora de extender este modelo de cooperación a aquellas áreas que favorecen el desarrollo de una aviación pujante capaz de impulsar el progreso económico y la creación de empleo”.

La Auditoria de Seguridad Operacional de la IATA, IOSA por sus siglas, es un requisito para poder formar parte tanto de la ALTA como de la IATA; esta consiste en un programa global, basado en normas de la OACI y prácticas recomendadas. Es un sistema de evaluación reconocido a nivel internacional y aplicado de manera constante. Las aerolíneas que cuentan con este certificado no han sufrido ningún accidente fatal en más de siete años.

No todas las aerolíneas pueden conseguir la certificación IOSA, ya sea por el modelo de avión que operan o bien, porque su modelo de negocio no va de acuerdo con los de la IOSA.  Aviation Safety Network muestra que durante el año pasado, se registraron a nivel mundial 21 accidentes fatales, resultando en 990 personas que perdieron la vida. Pero a pesar de que fueron accidentes de alto impacto, el 2014 resultó ser uno de los años más seguros en la historia de la aviación comercial.

Tyler destacó además el interés de algunos gobiernos (China, Singapur,  varios de Oriente Medio) en aprovechar la conectividad de la aviación para impulsar sus economías y crear riqueza. “No hay ninguna razón que impida que los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe se beneficien del desarrollo económico que aporta la aviación, sobre todo, en un momento en el que muchos países atraviesan una etapa tan difícil”.

Frente a este interés, hace falta acelerar el desarrollo de infraestructuras, las que van a la zaga de la demanda de conectividad aérea transformándose en verdaderas barreras para el desarrollo económico. Se estima que en 2034 la demanda anual de pasajeros en la región será de 525 millones, más del doble que los 240 millones de pasajeros que se esperan este año. Sin embargo, los principales aeropuertos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú presentan hoy problemas de congestión aérea.

Otro tema que deberá ser revisado por los gobiernos de la región, es su política de tasas e impuestos, que suponen costos paralizantes para la industria y, en general, para toda la economía. Según Tyler, “La región está plagada de impuestos y tasas injustificables que perjudican los viajes aéreos e inhiben el desarrollo económico. Las aerolíneas brasileñas pagan una de las tasas de combustible más altas del mundo: 17% más cara que el promedio mundial. En Ecuador los costos de combustible podrían incrementarse hasta un 30% si el gobierno aplica el mismo modelo de precios. Panamá tiene previsto elevar las tasas de sobrevuelo un 97% de forma progresiva a partir de 2016 y durante los tres próximos años. Perú ha gravado con un injustificable 16% la tasa aeroportuaria. Los gobiernos deben reconocer que la gran contribución de la aviación no son los ingresos vía impuestos, sino el desarrollo económico que genera”.

Los gobiernos deben, además, cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos internacionales que garantizan que los ciudadanos se beneficien de la conectividad global que ofrece la aviación, y para ello deberán revisar su política de tasas e impuestos.

“Venezuela se niega a que las aerolíneas puedan repatriar los 3.800 millones de dólares que el gobierno tiene bloqueados. El impacto negativo es enorme. El tráfico en Venezuela cayó un 17% en tan solo 12 meses, según el último dato de 31 de agosto de 2015. En Argentina, las aerolíneas tienen también problemas para repatriar su dinero. Queremos reunirnos con el nuevo gobierno tan pronto esté formado para encontrar una solución que preserve la conectividad y los beneficios económicos vitales que ofrece”.

La regulación de los derechos de los consumidores es otra área que requiere un enfoque cooperativo que reconozca que aerolíneas, gobiernos y pasajeros comparten el mismo objetivo: llevar a los pasajeros a sus destinos de forma segura, fiable y puntual.

“Estamos viendo como proliferan regímenes normativos discordantes sobre los derechos de los pasajeros, que solo generan dificultades para la industria y confusión para nuestros clientes. Por otra parte, el objetivo de muchos de estos reglamentos parece ser la defensa de los pasajeros frente a las aerolíneas. Esto se traduce en normativas que, en realidad, reducen la protección del consumidor y las ventajas –con precios más elevados, menos opciones y más confusión–, además de aumentar los costos para las aerolíneas, que se ven obligadas a cumplir con una plétora de regímenes normativos diferentes y a menudo contradictorios”.

La industria del transporte aéreo realiza una enorme contribución en esta región. Genera 4,9 millones de empleos, incluidos los empleos relacionados con el turismo, y contribuye con 153.000 millones de dólares al PIB de la región. “La aviación puede hacer mucho más si los gobiernos adoptan las fórmulas que ya han sido un éxito en otras partes del mundo”, concluyó Tyler.

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