por Paz Rodriguez Niell  | LA NACION

El fallo que favorece a Jaime fue firmado ayer, el día que las políticas de transporte público -que dependieron de él durante casi seis años- volvieron a ser el centro de las críticas más duras por la tragedia de Once.

Oyarbide afirmó que "la cadena de custodia" de las computadoras donde se hallaron los mails "ha sido violada" porque la Policía Federal, que hizo el primer peritaje sobre las máquinas, no tomó los recaudos para garantizar que no se adulteraran los correos. "No se puede asegurar -sostuvo el juez- que el contenido de las computadoras es el mismo que se recolectó al momento del secuestro de éstas y que no ha sido alterado, ni cambiado o destruido."

Este fallo provoca un alivio inesperado para el ex secretario de Transporte y para su asesor Manuel Vázquez, el dueño de las computadoras. Y no sólo para ellos. La revelación de los correos había preocupado también a grandes empresarios que aparecen mencionados.

Por un lado, los mails aportaron revelaciones para causas judiciales que estaban en trámite, pero además provocaron la apertura de cinco expedientes para investigar posibles negociados hasta entonces desconocidos para la Justicia. Tráficos de influencias, negocios con el Estado a medida de empresas amigas, comisiones por gestiones de dudosa legalidad y una búsqueda desesperada de fondos para campañas kirchneristas salen a la luz en los correos.

Las nuevas causas abiertas como consecuencia de ellos no se cerrarán de inmediato, pero agonizan. Sólo subsistirán si tienen pruebas independientes, autónomas de los correos.

No obstante, la situación judicial de Jaime sigue siendo complicada. Enfrentará un juicio por haber recibido dádivas de empresas a las que debía controlar, que le pagaron vuelos en aviones privados, y avanza su causa por enriquecimiento ilícito.

Fue en el caso del enriquecimiento donde se encontraron los mails, pero este caso no corre peligro: el fiscal Carlos Rívolo, que impulsa la investigación, no utilizó los correos como prueba cuando pidió la indagatoria del ex secretario de Transporte; lo hizo basado en otros elementos.

Antes de citar a Jaime como acusado, Oyarbide decidió ordenar un peritaje sobre sus bienes, que se iniciará en los próximos días.

La nulidad de los mails declarada ayer fue pedida por las defensas en 2010, pero entonces Oyarbide rechazó los planteos. El caso pasó entonces a la Cámara Federal y en mayo de 2011 los jueces de la Sala I anularon la decisión del juez: dijeron que podría haberse violado la cadena de custodia y le ordenaron hacer un nuevo peritaje en las computadoras.

Ahora, el juez cambió de opinión. Su fallo de ayer se basa en testimonios de policías que dijeron que no usan "las mejores prácticas en informática forense" a nivel internacional por "el cúmulo de causas a trabajar" y que no fajan las computadoras después de los peritajes.

Además, el juez relató que del estudio hecho a pedido de la Cámara surgió que hubo "archivos con fecha de modificación anterior a la fecha de creación" y que, por eso, no podía "afirmar inequívocamente" que no se hubieran modificado correos antes de que el caso llegara a la UBA, donde se hizo el segundo peritaje.

El juez Julián Ercolini, que investiga una compra de vagones chinos sin licitación, había ordenado su propio peritaje sobre los mails. De ese estudio surgió que ninguna de las "intrusiones" había modificado el contenido de los correos. Por eso, él los dio por válidos.

En los próximos días, Rívolo apelará el fallo de Oyarbide. La decisión final será de la Cámara Federal.

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