La Dirección General Impositiva clausuró ayer por seis días el restaurante y hotel del chef argentino Francis Mallman en Garzón. El viernes el empresario había presentado una acción de inconstitucionalidad que la Suprema Corte desestimó.
"Nunca vi un caso en que la Suprema Corte de Justicia se haya expedido tan rápido, la celeridad sorprende. Respetando plenamente la decisión del ministro de feria, ojalá siempre la Corte sea tan rápida para resolver sobre todo los temas que se le plantean", dijo a El País el abogado de Mallman, Leonardo Costa. "Es la primera vez en 22 años que me pasa algo así", acotó. "No es que no se facture ni que no se pague. Por el contrario, el viernes fueron a una nueva inspección y no encontraron irregularidades. A Mallman le va su prestigio en esto. Tiene el hotel para mostrar su arte, que por el dinero, ya que son solo cinco habitaciones", afirmó Costa.
El alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, cuestionó el lunes el mecanismo de clausuras durante el verano que aplica la DGI. En declaraciones a FM Gente, el jerarca expresó que este tipo de medidas "perjudica" al comerciante porque no se le permite trabajar para pagar las multas, pero además perjudica a los empleados y proveedores de cada negocio que en muchos casos solo pueden trabajar durante la temporada estival.
El director de Rentas, Pablo Ferreri cuestionó estas declaraciones y defendió el operativo. "Es absolutamente improcedente que alguien que realiza una función pública salga en defensa de los evasores, cuando se espera que sea alguien que se ponga del lado de los contribuyentes honestos que día a día con mucho esfuerzo cumplen con sus obligaciones", dijo a El País.
El márquetin positivo
Esperamos con indisimulada ansiedad que la Ministra de Turismo Liliam Kechichian, del mismo modo que salió al cruce de las declaraciones del Presidente del Centro de Hoteles de Punta del Este, Fernando Massa, cuando éste dijo la verdad, que los hoteles en la más alta temporada tenían entre un 25 y un 30% de capacidad ociosa y lo calificó de "irresponsable", haga lo propio con el Director de Rentas.
Nadie en su sano juicio podría objetar una medida punitiva aplicada a un evasor de impuestos, eso no resiste el más mínimo cuestionamiento ya que quien evade perjudica a la sociedad y ésta, en un Estado de Derecho se da sus reglas y las mismas están incluídas en el texto constitucional. Punto y aparte.
Pero si existe el ánimo, el criterio, desde el Ministerio de Turismo que es parte del Poder Ejecutivo, el mismo ámbito en el que esta la DGI, de "hacer márquetin positivo", en el caso del señor Mallman si es que verdaderamente evadió durante la temporada pasada, digamos que el sentido común indicaba que se le sancionara con las multas correspondientes y si había que clausurarlo además por 6 o más días, esa medida debería haber sido aplicada de forma inmediata y no esperar, para obtener efectos mediáticos (no se nos ocurre otro motivo) llevarla a cabo en enero, en plena temporada, perjudicando además de a los funcionarios, a los proveedores del establecimiento, a quienes habían elegido alojarse o comer allí y en definitiva, al propio destino, ese destino turístico que hace pocos años no existía y que fue "construído" precisamente por quien hoy, es el sancionado.
El agravante, de cara a esta sanción en enero, es que precisamente el establecimiento de Mallman no es precisamente un negocio golondrina, de los que aparecen en temporada y desaparecen el resto del año.
La actual conducción de la DGI no tiene la exclusividad de atentar contra el destino turístico en el verano. Anteriores administraciones esperaban a enero para allanar inmobiliarias y revisarles hasta debajo de las alfombras ante la vista de asombrados clientes-turistas que no llegaban a entender lo que pasaba.
Cuando muchas veces argumentamos criticando la notoria falta de una Política de Estado con respecto al turismo, nos referimos a cuestiones como ésta.
Si vamos a cuidar la imagen, dejemos la hipocresía de lado y seamos coherentes.
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