La información de El País de Montevideo del 27 de julio pasado consignaba:  "La Justicia paralizó el concurso de Pluna, debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por un exgerente de la aerolínea que reclama cobrar 500 mil euros. El gobierno fijó el remate de los siete aviones, a un precio total de US$ 135 millones, para el 3 septiembre.

La jueza Teresita Rodríguez Mascardi, que tramita el concurso de acreedores de Pluna S.A., suspendió el procedimiento y elevó el caso a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que deberá resolver sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada el 17 de julio, que creó un fideicomiso desde el cual el gobierno rematará siete aviones de la aerolínea que está en proceso de ser liquidada.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Raúl Rodríguez, exgerente de marketing y exgerente de la oficina de Pluna en España, quien fue despedido en diciembre de 2011 y reclama una indemnización de 553.406 euros.

Rodríguez inició en febrero una demanda laboral contra Pluna para cobrar sus créditos laborales. El reclamo está siendo tramitado por la jueza laboral Mónica Pereira.

El exempleado de Pluna, representado por el abogado Pablo Correa, planteó a la jueza Rodríguez Mascardi que siete de los 11 artículos de la ley por la cual se conforma el fideicomiso para rematar los aviones y las rutas aéreas de Pluna presentan diversas violaciones a la Constitución".

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