Hace 17 años, un avión de Austral despegó por la noche desde el aeropuerto General San Martín de Posadas rumbo a Buenos Aires.  El equipo DC-9-32 se precipitó a tierra a 1.100 kilómetros por hora, produciendo un cráter de quince metros de diámetro en la zona de Fray Bentos, luego de un intento por esquivar un frente de tormenta, con un saldo de 74 personas fallecidas.


Los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, que llevan adelante la demanda, consideraron que el accidente ocurrido el 10 de octubre de 1997 fue una “seguidilla de errores” que se constatan en la desgrabación de la caja negra de los últimos 23 minutos de vuelo.  En este sentido, puntualizaron aspectos como una deficiente información de las condiciones meteorológicas adversas al momento del “briefing” previo al vuelo hacia los pilotos, un entrenamiento con serias falencias para los miembros de la tripulación y una lectura errónea de la velocidad por un posible congelamiento de los tubos pitot.

En los Estados Unidos existe el organismo conocido como la NTSB (National Transportation Safety Board) fundada en 1967 con el propósito de llevar adelante investigaciones independientes en materia de Aviación Civil y otros medios de transporte.  Lo más importante de esta Comisión es que los resultados de los análisis, investigaciones y probables causas no pueden usarse como evidencia ante la justicia, de forma de contribuir de forma genuina mediante la puesta en común de recomendaciones e informes que eleven el estandar de la seguridad en el transporte. Esto asegura un estudio profundo del caso y la posibilidad de aplicación de la Teoría del Queso de manera exhaustiva, con resultados muy provechosos para los familiares de las víctimas, fabricantes de aeronaves, aerolínea y demás partes interesadas.  Sin embargo, por estas latitudes, la Autoridad Aeronáutica es la que conduce las investigaciones, por lo que es juez y parte en las causas, dejando entre líneas posibles intereses y "presiones" en la conducción de las mismas.

Esta jornada se conoció que el fiscal federal Fernando Arrigo rechazó el planteo de los imputados por el siniestro aéreo para que el expediente fuera cerrado sin juicio oral, en definitiva, sin culpables. El fiscal rechazó los argumentos esgrimidos sobre el simple paso del tiempo como condición de prescripción, ya que desde que ocurrieron los hechos hasta la actualidad el trámite resulta razonable, atento a los vaivenes que tuviera el legajo, su complejidad, el número de imputados y la demora de los mismos.

El camino legal fue postergado en dos oportunidades bajo recursos de apelación presentados por la defensa de los 27 imputados. A partir de la decisión del fiscal, serán sometidos a un juicio penal por el que podrían ser condenados con hasta 25 años de prisión.  Aunque la causa estuvo a punto de prescribir en 2005, con esta resolución se inicia una nueva etapa de juicios que seguramente servirán para esclarecer finalmente el mayor accidente aéreo ocurrido en suelo del Uruguay.

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