por Sergio Antonio Herrera, desde Montevideo
Voy a decirlo sin rodeos: el país se nos fue de las manos. No estoy anunciando algo que podría suceder dentro de unos años. Estoy expresando mi juicio sobre una realidad que ya condiciona nuestra vida cotidiana. Hemos naturalizado las precauciones para salir, los lugares y horarios que conviene evitar, el miedo a que un familiar no vuelva y la obligación de mirar alrededor antes de hacer algo tan elemental como entrar a casa. Nos hemos acostumbrado a vivir pendientes del delincuente.
El narcotráfico ha ganado un espacio intolerable. Y ni siquiera Punta del Este, aquel reino de paz y tranquilidad que ofrecíamos con orgullo, puede considerarse ajeno al problema. En junio, el Ministerio del Interior informó sobre una operación con dieciséis allanamientos en distintos puntos de Maldonado, incluido Punta del Este, y quince detenidos, entre ellos el señalado cabecilla de una organización criminal. El procedimiento demuestra una respuesta policial, pero también la presencia de estructuras que comprometen la convivencia y el destino turístico. Ninguna reputación histórica nos protege por sí sola.
Las estadísticas merecen una lectura completa. El Ministerio del Interior informó una reducción del conjunto de delitos registrados en el primer semestre de 2026, pero también contabilizó 195 homicidios dolosos consumados, frente a 183 en igual período de 2025. Las mejoras en algunos indicadores deben reconocerse; los asesinatos y la violencia que persisten exigen respuestas. Una sociedad no recupera la tranquilidad porque un balance permita destacar una columna favorable.
Mi interpelación alcanza al gobierno actual y a toda la clase política. A quienes gobiernan, a quienes gobernaron y a quienes aspiran a volver. Este deterioro atravesó administraciones y encontró demasiadas explicaciones, demasiadas disputas y una insuficiente capacidad para revertirlo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el miedo termine de ordenar nuestra vida? ¿Que cada nuevo episodio se convierta en otra discusión parlamentaria destinada a repartir responsabilidades?
Hace veinte años, en 2006, escribí el cuento de esperanza ficción «La isla», publicado en el Portal del Uruguay y reproducido después en el Portal de América. Imaginaba recuperar el territorio para la convivencia y convertir esa seguridad en una ventaja turística extraordinaria. Su arquitectura era clara: dos establecimientos con cometidos diferentes, ubicados en la Isla de Flores. Un Centro de Rehabilitación Social para quienes pudieran recuperarse y una Cárcel Única Nacional de máxima seguridad para los delincuentes que el relato consideraba irrecuperables.
Esa distinción es fundamental. Quien puede volver a la sociedad necesita una oportunidad exigente, organizada y real. La organización que propongo es concreta: ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de estudio y ocio, con educación, actividad física y formación para la vida en libertad. El trabajo debe generar ingresos y permitir ayudar a la familia que quedó desguarnecida. Cumplir una pena también tiene que significar asumir responsabilidades, aprender y reparar cuanto sea posible.
Para los criminales de extrema peligrosidad, los asesinos reiterados y quienes persisten en dirigir organizaciones que destruyen vidas, planteaba otra respuesta: «pena de isla» en lugar de pena de muerte. Una cárcel de máxima seguridad que les impida seguir haciendo daño. La expresión «una cárcel sin puertas» sintetiza aquella imagen de confinamiento: ninguna puerta abierta a la impunidad, a las prebendas o a continuar mandando sobre el delito desde una celda. La determinación de las penas y de la peligrosidad debe corresponder a la Justicia, con pruebas y evaluación individual.
Mano dura, sí. Investigación eficaz, condenas que se cumplan y control efectivo de las cárceles. Hay personas cuya trayectoria criminal obliga a proteger a la sociedad mediante regímenes de máxima seguridad. El Estado tiene que ejercer esa autoridad dentro de la ley y respetando la dignidad humana. La firmeza exige impedir que el condenado siga extorsionando, organizando ataques o administrando un negocio criminal mientras está bajo custodia estatal.
En ambos tipos de establecimientos, una regla debe ser terminante: sin celulares, sin comunicaciones clandestinas y sin privilegios comprados o impuestos por los presos. Toda comunicación autorizada debe someterse a controles que impidan la continuidad del delito, preservando la defensa jurídica y los vínculos familiares regulados que correspondan. La cárcel tiene que interrumpir el poder criminal.
Aquí aparece una similitud que merece estudiarse en El Salvador. Su sistema cuenta con tribunales especializados contra el crimen organizado y con regímenes penitenciarios diferentes. El CECOT responde a una lógica de confinamiento de máxima seguridad, mientras otros establecimientos y programas incluyen trabajo, producción y reinserción. No existe una equivalencia exacta con mi cuento, ni puede suponerse que todo detenido por presunta pertenencia a una mara sea culpable o irrecuperable. La comparación útil está en reconocer que distintos perfiles criminales requieren respuestas distintas.
Los resultados salvadoreños merecen atención. Según sus cifras oficiales, El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios y una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Una encuesta de la UCA realizada en mayo de 2026 encontró que el 87,8% calificaba la gestión de Bukele como buena o muy buena y que el 77,4% identificaba la seguridad como el principal logro del gobierno. Mi interpretación es que ese respaldo expresa, en buena medida, el valor que tiene recuperar la libertad cotidiana de vivir sin el dominio de las pandillas.
Las objeciones también son graves. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia y vulneraciones del debido proceso. Esos cuestionamientos deben examinarse y los abusos deben investigarse. El éxito frente al crimen no convierte en culpable a un inocente ni autoriza su maltrato. Pero nuestra clase política tiene la obligación de construir una respuesta que combine garantías y eficacia. La ciudadanía necesita ambas.
Desde el turismo, el resultado es especialmente significativo. ONU Turismo informó que las llegadas internacionales a El Salvador en 2024 estuvieron 81% por encima de 2019, uno de los desempeños más destacados de la recuperación turística. La seguridad no explica por sí sola ese crecimiento, pero recuperar un territorio para recorrerlo y disfrutarlo fortalece su capacidad de atraer visitantes. Ese era, precisamente, el horizonte que imaginé hace veinte años y que retomé como referencia en el Manual empírico del turismo del Uruguay.
Uruguay necesita recuperar sus calles para quienes viven, trabajan, estudian y reciben visitantes. Necesita rehabilitar a quienes pueden volver a convivir y mantener bajo un control efectivo a quienes representan un peligro grave. Necesita impedir que el narcotráfico siga ganando poder. Y necesita una clase política capaz de sostener decisiones más allá de un período de gobierno.
En el desenlace de «La isla», la recuperación de la seguridad transformaba al Uruguay. Las actividades que habían crecido alrededor del miedo —empresas de seguridad, herrerías, cerrajerías y reparación de vidrios de automóviles— perdían demanda. Pero sus trabajadores encontraban nuevas oportunidades: el turismo receptivo crecía de tal manera que absorbía, mediante capacitación y reconversión, a quienes antes vivían de reparar o prevenir los daños del delito. Las antiguas cárceles se convertían en hospitales o centros comerciales; la Policía mejoraba sus salarios, su equipamiento y su capacidad de respuesta. Era la transformación imaginada en un cuento de esperanza ficción.
El país dejaba de gastar tanto en protegerse de la delincuencia y empezaba a generar riqueza disfrutando de la tranquilidad. El turismo abría oportunidades donde la inseguridad había impuesto pérdidas, empleos dedicados a atender visitantes donde antes había trabajo destinado a reparar daños. Uruguay podía ofrecer su paisaje, su hospitalidad y algo que vale cada vez más: la libertad de recorrerlo sin miedo.
Ya sé que era un cuento. Pero aquella provocación sigue siendo válida: ¿cuánto podría recuperar Uruguay si recuperara su seguridad? ¿Cuántas inversiones, cuántos puestos de trabajo, cuántos espacios públicos, cuánta vida? ¿Cuánto de lo que hoy destinamos a defendernos podría convertirse en recursos para vivir mejor?
Señores de toda la clase política: hace veinte años imaginé ese país. Hoy ustedes escuchan con interés a los representantes de otro que consiguió cambiar profundamente su realidad. La visita terminará; nuestra inseguridad seguirá aquí.
El país se nos fue de las manos. ¿Qué están esperando para recuperarlo? ¿O la esperanza de vivir y recibir visitantes sin miedo va a seguir siendo, en Uruguay, material para un cuento?
