por Verónica Encinas Esquivel desde Buenos Aires
¿Qué es este nuevo medio de transporte que pretende revolucionar la movilidad urbana?
Cuando hablamos de EVTOLS nos referimos a vehículos de despegue y aterrizaje vertical, pensados para volar a bajas alturas y realizar vuelos frecuentes para transportar 4/5 personas o mercadería, recorriendo distancias de hasta 300/400 km a una velocidad de 200/300 km/h2. Asimismo, son vehículos de alimentación eléctrica, presentándose en el mercado como un vehículo verde –llegando incluso a emisión cero3–.
Este vehículo fue pensado para resolver algunos de los problemas del transporte urbano más escuchados en los últimos tiempos: la congestión en zonas de alta densidad, la contaminación del aire, los altos costos de la logística y la desigualdad en el acceso al existir zonas urbanas fuera de las rutas aéreas habituales o incluso de difícil o nulo acceso.
Asimismo, específicamente con relación al transporte tradicional aerocomercial, tiene la intención de eficientizar los costos y tiempos de la operación y contar con una infraestructura asociada más accesible y cercana a los centros urbanos.
En este contexto, resulta interesante reflexionar sobre cual debería ser el rol de los estados ante el desafío planteado a la movilidad urbana por este desarrollo. Más aun teniendo en cuenta la potencialidad de uso múltiple: no sólo impactará en el mercado del transporte sustentable de personas o carga, sino que también tendrá efectos sobre otras industrias, al poder ser utilizado para fomentar el turismo, conectar aeropuertos, aplicarlo al traslado de insumos para el agro, trasladar personas enfermas, vacunas u órganos en forma urgente para el sector sanitario, realizar tareas búsqueda y salvamento, entre muchos usos de interés general.
En este sentido, los estados deben acompañar los esfuerzos del sector privado, pensando, planeando y diseñando las políticas públicas necesarias para fomentar, ordenar y asegurar la operación segura de los EVTOLS.
Para poder esbozar una política pública de movilidad aérea urbana, resulta necesario entonces comenzar un diálogo entre el sector privado y el público que intente acordar objetivos claros, cumplibles y medibles, en el corto, mediano y largo plazo.
El rol central de articulación de este dialogo dentro del sector público posiblemente sea desempeñado por la autoridad aeronáutica de los estados. Este organismo evaluará inicialmente el impacto directo e inmediato de los EVTOLS en el transporte aéreo urbano y encarará la tarea de establecer reglamentos operacionales, criterios de certificación y demás cuestiones inherentes a la operación en concordancia con las mejores prácticas internacionales. Es dable mencionar que el Comité Ejecutivo de la OACI, reconoció la conveniencia de elaborar directrices para normalizar estas operaciones en todo el mundo y ayudar a los estados a establecer reglamentos basados en los SARPS y orientaciones de la OACI4.
Ahora bien, si se tienen en cuenta las acciones necesarias para su funcionamiento y operación (que incluyen desde el abastecimiento de energía hasta la construcción de superficies de aterrizaje en zonas urbanas - Vertiports), la Autoridad Aeronáutica requerirá a su vez, la cooperación de otras áreas públicas que tendrán incidencia en forma directa en la futura implementación de los EVTOLS, ya sea pertenecientes al mismo sector del transporte (como ser, el prestador de servicios de navegación aérea, los explotadores aeroportuarios, etc.) como de otras carteras de estado.
Adicionalmente, el transporte de personas y mercaderías requerirá la generación de lazos institucionales entre las diferentes autoridades nacionales y locales para coordinar los vuelos intraurbanos e interurbanos. Incluso, cabe pensar en entablar relaciones internacionales en caso de que se realicen vuelos en zonas de frontera.
Por supuesto que para maximizar los beneficios resultará clave generar un diálogo con la sociedad civil y de otros sectores informales, con quienes también habrá que trabajar la aceptación social y brindarles la información necesaria sobre este nuevo medio de transporte en su calidad de usuarios.
Una vez que se haya generado este debate entre todos los actores relevantes de la Movilidad Aérea Urbana, los estados requerirán consolidarlo a través de un marco jurídico que contenga los acuerdos celebrados entre los participantes y constituya una sólida reglamentación que cubra el total desarrollo de la actividad. Esta normativa logrará otorgar seguridad jurídica a la Política de Movilidad Aérea Urbana y con ello, no sólo incentivar la inversión, sino también orientar esta política al bienestar general y potenciar tanto su uso público como el privado.
En suma, resulta sumamente importante que los estados inicien cuanto antes este proceso de construcción de diálogos y consensos y logren diseñar una política pública coherente, planteando en el mediano plazo el establecimiento de una reglamentación que resulte estable en el curso del tiempo y que esté orientada al bienestar general, para alcanzar la implementación exitosa de la Movilidad Aérea Urbana en los próximos años y maximizar la inversión del sector privado.
Acerca de la Autora: Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Es Magister en Derecho Administrativo y en Políticas Públicas de la Universidad Austral y se especializó en derecho aeronáutico en la Universidad Católica de Buenos Aires. Trabajó en EANA S.E. como Gerente de Asuntos Legales desde el año 2020 hasta fines del 2022. Actualmente se desempeña como profesional independiente especialista en Servicios de Navegación Aérea.
1 https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/news/easa-and-anac-agree-cooperation-e-vtol-certification
2 Se señala que los valores citados son aproximados, ya que varían según cada prototipo.
3 Cesconetto, G.I.. AAM y Medio Ambiente y Sostenibilidad: ¿Hasta qué punto son ecológicos los vehículos verdes?, 16 de agosto de 2022.
4 Organización de Aviación Civil Internacional. (2019). NOTA DE ESTUDIO: ASAMBLEA - 40o PERÍODO DE SESIONES COMITÉ EJECUTIVO (Número de documento A40-WP/292 EX/22)