En la reunión se realizó una evaluación de la actividad del sector comercial y de servicios del departamento, rubro por rubro, encontrándose que la desaceleración en la economía ha impactado en todos los rubros, variando entre el 35% y el 60%.

Los sectores más afectados son el inmobiliario, el hotelero y el de los taxis. En el caso de almacenes y mini mercados, se constató que un 40% se ha pasado a la informalidad como forma de seguir subsistiendo. La gran mayoría de los comercios gastronómicos optó por cerrar durante los 9 meses que van de marzo a diciembre, con el consiguiente desempleo en el sector. En el caso de los hoteles, a pesar que la operativa es deficitaria han optado por mantener abiertos los establecimientos durante este invierno.

Se manifestó una molestia generalizada hacia el gobierno, por como está operando la DGI, la indiferencia en el combate al informalismo y a las altas tasas que cobran las empresas emisoras de tarjetas de crédito, entendiéndose que además se manifiesta un prejuicio sobre el sector comercial y empresarial de Maldonado.

Respecto a la DGI, se dio a conocer una carta que la DGI remitió a algunos contribuyentes catalogada como intimidatoria y amenazante. En la misma, advierten sobre auditorías internas a los empresarios que no estén al día con el ente recaudador. Indicaron además que la DGI se maneja de manera arbitraria y discriminatoria, pues mientras algunos empresarios locales han sido inspeccionados más de 10 veces, en otras zonas del país no se realizan inspecciones.

Además, se contrapone la meticulosidad sobre el sector formal, en tanto no se ataca la informalidad, siendo ésta una de las largas reivindicaciones que mantienen los empresarios, que entienden que el Estado no tiene voluntad de combatir la alta informalidad ni a los evasores.

Otro de los puntos señalados son los altos costos que significan las ventas mediante tarjetas de crédito, siendo que los valores que cobran las empresas emisoras son desproporcionados y 4 veces más caros que la media internacional.

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