Marsans cumple su advertencia y reclama indemnización de 1.110 M € por Aerolíneas Argentinas
Miércoles, 24 Marzo 2010 00:06

Marsans ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje y resolución de conflictos perteneciente al Grupo del Banco Mundial (BM), una reclamación de indemnización contra el Gobierno argentino de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares (740 y 1.110 millones de euros) por los daños económicos que supuso para el grupo español la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA).
TSTT-1250x115
Arapey 1250x115
Mintur verano 1250x115
Fiexpo 2024 1250x115

El grupo español cumple la advertencia hecha en su momento al Gobierno argentino, luego que un tribunal interviniera la aerolínea a solicitud del Ejecutivo y expropiaran la empresa y su subsidiaria Austral en momentos en que se discutía el precio al que Marsans vendería sus aerolíneas a Argentina. Entonces, tal y como publicó HOSTELTUR, el grupo español anunció que introduciría una reclamación ante el CIADI por 1.100 millones de euros.

Fuentes de la compañía explicaron que ahora la primera vista del contencioso tuvo lugar el lunes en París y que durante la misma se fijó un calendario de actuación del proceso, en virtud del cual, la sociedad Teinver tiene ahora un plazo de 55 días para concretar la demanda y presentar toda la documentación acreditativa, además de establecer la cuantía exacta de la indemnización. Una vez se cumplido este trámite, la vista definitiva del caso tendrá lugar en septiembre de este mismo año, y Marsans tiene esperanzas de que el laudo arbitral se resuelva antes de lo esperado, hacia finales de 2012.

El Ejecutivo argentino nacionalizó AA y Austral a finales de 2008, que compró al precio simbólico de euro, a través de una ley aprobada por el Pralemento y promulgada por la presidenta argentina, Cristina Kirchner. Entonces Marsans calificó la expropiación como una "confiscación arbitraria e ilegítima", ya que contradecía el acuerdo firmado por el grupo y el Gobierno argentino en julio pasado, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.

Marsans en ese momento dijo que solicitaría un arbitraje ante el CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una "compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años".

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Marsans reclama, entre varios perjuicios, el contrato de compra que Marsans firmó con Airbus por la compra de 71 aviones de diferentes modelos, de los que 40 serían destinados a las compañías expropiadas. El contrato con Airbus rondaba 1.110 millones de euros y, aunque ambas partes negociaron para ceder al Gobierno argentino al menos la compra de las 40 aeronaves, no fue posible y Air Comet asumió el pago.

Las obligaciones derivadas de este compromiso incidieron en gran medida en los problemas de liquidez que ayudaron a llevar a la quiebra ala aeriolínea.

Asimismo, la reclamación por los activos que Marsans tenía en Aerolíneas Argentinas y la congelación de las tasas impuesta por el Ejecutivo argentino en el inicio del proceso, por lo que la cantidad todavía estar por determinar y pendiente de auditar.

Si prospera la reclamación de indemnización ante el CIADI, los dos empresarios conseguirían nuevos fondos en su carrera por salvar Viajes Marsans, sobre la que ya están estudiando "dos o más ofertas" para la venta del touroperador y cuyos mandos ha asumido personalmente Gonzalo Pascual. Igualmente, su socio Gerardo Díaz ha asomado que está entre los planes del grupo, reflotar Air Comet.


fuente: hosteltur

Escribir un comentario

Promovemos la comunicación responsable. No publicamos comentarios de usuarios anónimos ni aquellos que contengan términos soeces o descalificaciones a personas, empresas o servicios.