Este martes pasado, el presidente de la Asociación Uruguaya de Despachadores de Vuelo (AUDEV), Gabriel Infante, ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados dijo que uno de los riesgos de la supresión de esta función radica en que los despachadores estudian las rutas a nivel meteorológico y la región del sur del Río de la Plata tiene condiciones meteorológicas “muy atípicas” y que ello implica un “gran riesgo” en la seguridad aeronáutica uruguaya.
Infante como ser humano, ciudadano, representante de un sector de trabajadores calificados, no solamente está en su derecho de movilizarse, argumentar, defender con uñas y dientes sus puestos de trabajo, sino que ante su entorno y ante él mismo está obligado a hacerlo y nadie, en su sano juicio puede objetar lo que lleva adelante.
Pero una vez más, -como en Uruguay la aeronáutica es una especie de manual de chino básico- como nadie entiende nada al respecto y mucho menos en el Parlamento y siguen pasando los años y ningún poder del Estado se ha tomado el trabajo de generar ninguna instancia superior de consulta al respecto, vemos que se aprestan en Diputados a recorrer el burocrático camino de los pedidos de informes, de los llamados a sala y mientras tanto, por un lado quedará en la opinión pública la sensación que en Uruguay las operaciones de la aviación comercial pierden su grado de seguridad y por el otro, que muchos profesionales uruguayos se sumarán a la mano de obra calificada desempleada, con todo lo que ello implica.
La aviación comercial en el mundo, y nuestra región en absoluto es la excepción, se ha ido afianzando con el paso del tiempo como el medio de transporte más seguro y nadie puede poner en duda seriamente ese status. En los tiempos modernos han sido muchas las funciones que en la aeronáutica, la tecnología ha ido desplazando a la gestión humana y la de los EOV es una más.
Pero Uruguay sigue radiando, haciendo a un costado, desaprovechando, cada vez más a sus técnicos especializados en esta actividad.
La falta de una política aeronáutica de Estado nos ha dejado sin Pluna, como antes nos dejó sin U Air y otras. Esa ignorancia oficial acerca de la actividad, permitió el bochorno de lo que fue Alas Uruguay.
La falta de esa política permitió los excesos en la fijación de tarifas de combustible JA1 por parte de ANCAP incluyendo impuestos (IMESI) cuando estraba expresamente prohibido, hecho que oportunamente obligó al Vicepresidente de IATA a venir a Montevideo a entrevistarse con el Ministro de Economía de turno para exigirle que la petrolera presidida entonces por Raúl Sendic se aviniese a las reglas internacionales, a lo cual se había negado durante cinco años.
De haber contado con política aeronáutica de Estado nos habríamos evitado el papelón de la subasta de los Bombardier y nos habríamos ahorrado los cientos de millones de dólares que perderemos cuando al final de la historia, pasemos raya a estas dos primeras décadas del siglo veinte.
Uruguay queda sin despachadores de vuelo a partir del 15 de abril y con respecto a la seguridad NO PASA NADA, eso debe quedar claro, pero a partir de esa fecha varias decenas de familias uruguayas pasarán a engrosar la nómina del desasosiego, del desmembramiento y como ocurre cada vez más, del exilio económico con su correspondiente desarraigo.
Pero está muy claro que esto no incomoda a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes, para muchos de ellos la aeronáutica es una actividad "para unos pocos ricos que viajan" y en el discurso berreta que dirigen a sus clientes electorales, queda mejor criticarla o como hacen siempre a la larga, ignorarla.
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