por Miguel Ángel Acerenza, desde México

El turismo no es una actividad que funcione en forma independiente del proceso de desarrollo nacional, por lo que su conducción tiene  que encararse también en el contexto del desarrollo sostenible.
Razón por la cual en este primer artículo de la serie que comenzamos hoy, y que se relaciona precisamente con la sostenibilidad del turismo, consideramos conveniente hacer unos comentarios previos acerca de la evolución que experimentó el concepto de desarrollo, hasta llegar al concepto de desarrollo sostenible, en cuyo contexto debe conducirse la actividad turística nacional.

Evolución del concepto de desarrollo

El concepto de desarrollo es todavía objeto de confusión en nuestra región porque muchos siguen pensando aún que desarrollo es “crecimiento” e “industrialización”, como se entendió a fines de los años 40 del siglo pasado, y que diera origen en 1949 a una corriente impulsada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) llamada “desarrollista”, la cual consideraba que para alcanzar el desarrollo los países latinoamericanos deberían tomar medidas para fomentar la industrialización mediante políticas de “sustitución de importaciones” de bienes manufacturados.

Ya en los años 60 se comprendió que el desarrollo no podía ser considerado sólo como crecimiento económico, y se reconocieron dos dimensiones distintas del mismo: el “crecimiento económico”, y el “nivel de vida de la población”.  Dando origen así al concepto conocido como “desarrollo económico y social”, fuertemente impulsado durante las décadas de los años 70 y 80 por las agencias internacionales y regionales de desarrollo, entre ellas el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La crisis ambiental puesta de manifiesto en el informe de la Comisión Brundthand de las Naciones Unidas en 1987, obligó a rever el concepto de desarrollo que, hasta entonces, no consideraba al medio ambiente como una variable en este proceso.  Como resultado del referido informe, en ocasión de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, denominada Cumbre de la Tierra, con la adhesión formal de prácticamente todas las naciones del mundo, se adoptó el concepto de “desarrollo sostenible” el cual había sido definido con anterioridad por la propia Comisión Brundthand como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación  presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
El propósito del desarrollo sostenible, según surge de la citada definición, es en realidad satisfacer las necesidades de las personas para el logro de una mayor calidad de vida, en armonía con los ecosistemas de los cuales dependen. 

Entendiéndose por calidad de vida a una combinación de la “calidad de las condiciones materiales de vida” de una persona, y la “satisfacción que esta experimenta en función de la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales”.
Las pautas para el desarrollo sostenible quedaron plasmadas en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, emanada de la mencionada Cumbre de la Tierra, la cual define los derechos y responsabilidades de las naciones en búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad, así como en un vasto programa de acción sobre el desarrollo sostenible denominado Agenda 21, donde se detallan las recomendaciones tendientes al logro de un desarrollo sostenible desde los puntos de vista económico, social y ecológico.
En consecuencia, dado que el desarrollo es un proceso en el cual todos los factores que intervienen son interdependientes y deben actuar como tal, de acuerdo al compromiso contraído por las naciones en la mencionada Declaración de Río, estas tienen que definir la “política nacional de desarrollo sostenible” donde se establezcan las directrices a las que deben ajustarse todas las actividades a llevar a cabo para el bienestar y el progreso de la población, en armonía con la preservación del medio ambiente.   Es precisamente en el marco de esta política nacional de desarrollo sostenible que se deben formular las “políticas sectoriales de desarrollo”, a fin de precisar los objetivos específicos y establecer las directrices que orienten los planes y programas de acción en los respectivos campos.
A partir de la firma de la Declaración de Río y de la aprobación del programa de acción plasmada en la Agenda 21, entonces, la planificación y desarrollo del turismo debe sustentarse en principios de sostenibilidad.
Queda claro entonces que el desarrollo sostenible del turismo no es una decisión voluntaria de los gobiernos en turno.  Desde el momento de que los Congresos de los países ratificaron la firma de la Declaración de Río, esta tiene fuerza de ley y, por tanto, de observancia obligatoria.

En el próximo artículo veremos como se produce la aplicación de los principios de sostenibilidad al ámbito del turismo. 

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imagen: gilder.blogdiario.com