por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Solo el portal referido se hizo eco de un comunicado de fecha 16 de marzo emitido por los gremios aeronáuticos en el que se critica despiadadamente la política aerocomercial que viene implementado el gobierno nacional.

Entre los observadores del medio llama la atención el silencio de la prensa en general sobre ese comunicado y la amenaza de medidas de acción directa que podrían sorprender a los viajeros en el próximo fin de semana larguísimo que se extenderá desde el próximo jueves 29 al lunes 2 de abril inclusive.

En ese comunicado se apunta en primer término a Flybondi que prestaría “…un servicio deficiente y operativamente temerario…” y se dice que la política aerocomercial está sacrificando condiciones laborales, salarios y “seguridad operacional”.

Con respecto a Flybondi, es cierto que hay preguntas sin respuestas, una de ellas es si la empresa está pagando las tasas aeroportuarias, pero si bien por el momento no habría recibido las respectivas facturas, se pone en duda su voluntad de pago.

Algunas fuentes afirman que en el gobierno habría un cierto nivel de frustración con la empresa y su Ceo Julian Cook, ya que ven que la “revolución de los aviones” podría quedar en la historia del romanticismo aeronáutico argentino, como un amor no correspondido, típico drama adolescente.

La otra duda que navega en el ambiente es cuanto dinero le quedará a la empresa de los u$s 75 millones que según su CEO eran suficientes para bancar la operación en sus inicios, teniendo en cuenta que se ahorraron los u$s 30 millones que se iban a destinar a adecuar el aeropuerto de “El Palomar” (EPA), tarea que se financió en nombre de la añorada “Revolución de los aviones”.

Terminado el capitulo Flybondi, el comunicado hace referencia a que el gobierno estaría perjudicando a Aerolíneas Argentina y Austral al disminuirle los subsidios que pagaba el gobierno anterior y ponen el grito en el cielo porque se desconocen los balances de los años 2016 y 2017, sin tener en cuenta que no les preocupó que durante la gestión Recalde, se detectaron anomalías contables que impedían conocer los números de la empresa, a tal punto que recién se habrían terminado de confeccionar  los balances hasta el 2015.

De todos modos, bienvenida sea esa legítima preocupación y que sirva para moderar sus ambiciones al conocer la situación de la empresa que aún sigue siendo deficitaria y perdura gracias a la presión fiscal que soportamos los contribuyentes, que según el tributarista Jorge Haddad llegaría al 76% de sus ingresos anuales, lo que significa que quienes pagamos impuestos trabajamos para el estado ocho mese al año, como lo dijo en el programa de TV de Roberto Garcia “La mirada”.

Finalmente el comunicado se refiere a Latam, que extorsionaría a su personal con la amenaza de levantar rutas si no renunciaran a derechos que harían a la “safety”.

Claro, omiten un detalle, Latam no recibe subsidios y por lo tanto la empresa y su personal deben adaptarse a sus ingresos y su productividad.

En la Argentina ignoramos que cada derecho tiene un costo, los derechos no los financia la divina Providencia y la magnitud de nuestro déficit fiscal nos demuestra que ya tampoco existe la providencia del estado.

Lo paradójico del caso es que si nos atenemos a la legislación vigente, ley 19030 y Código aeronáutico, a los gremios no les faltarían razones formales.

Estas son nuestras paradojas justo cuando la pretensión es ingresar al grupo del G20.

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