por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Decíamos que se estaba ocultando un subsidio indirecto por parte del estado a SOL utilizando la vía de Aerolíneas Argentinas, a su vez empresa altamente deficitaria y también que  “Lo cierto es que nos parece imprudente que a menos de 90 días del cambio de gobierno, Aerolíneas Argentinas asuma una obligación de este tenor ya que además se reservaría el derecho de fijar la política comercial de los vuelos que se afecten al acuerdo. Así como Perón nos hablaba del guiso de liebre sin liebre, este acuerdo parecería esconder una suerte de absorción parcial  de una empresa, que fruto de las políticas vigentes tanto en materia económica como aérea estaría con problemas financieros".
Era obvio que esa suerte de rescate de SOL tenía fines electorales, por ello estuvimos totalmente de acuerdo con la rescisión de ese convenio que en verdad no provocó sino que puso al desnudo la inviabilidad económica de SOL, en cierto modo por la ausencia de una política aérea por parte del gobierno “k”. Finalmente SOL cerró y pagó las indemnizaciones pertinentes a su personal, aclaremos que no quebró como lo afirmaron falsamente algunos diputados del FPV.
Según información periodística el fiscal Jorge Di Lello que es quien dispuso abrir una investigación judicial con relación a un dictamen, aun no hay resolución de la ANAC ni del Ministerio de Transporte, (2 de marzo de 2017) de la JUNTA ASESORA DE TRANSPORTE AÉREO, JATA que aconsejó conceder rutas aéreas a las empresas que participaron en la audiencia pública del pasado 27 de diciembre que son ANDES, AMERICAN JET, FLY B, ALAS DEL SUR y AVIAN, ex MAC AIR.
Con relación a AVIAN (Avianca) se tejen una serie de supuestos como que el gobierno habría causado el cierre de SOL al rescindir un contrato absolutamente ilegitimo que la privaba de recibir por parte del estado, vía Aerolíneas Argentinas, un ingreso mensual estimado en base a los datos disponibles en ese momento de aproximadamente u$s 584.784,00 y U$S 722.610,00 según se tratara de los SAAB o los CRJ 50 cuya incorporación a la flota de  esa empresa parecía inminente. También era parte interesada, no firmante,  de ese acuerdo una empresa española que suministraría los CRJ.
Obviamente esa rescisión se habría hecho, según la denuncia formulada, para facilitar el acceso al mercado argentino de cabotaje del grupo AVIANCA, mediante la compra ficticia, como se insinuó con evidente malicia, de MacAir.
Según el diario LA NACION, “La denuncia enumeró una serie de "maniobras tendientes a favorecer un negocio familiar" previas a la venta que habrían posibilitado un mejor posicionamiento para la empresa de los Macri. Algunos de los hechos enumerados son: la cancelación "inesperada" del acuerdo que Aerolíneas Argentinas tenía con Sol Líneas Aéreas y el alejamiento de Isela Costantini como titular de la línea aérea de bandera. La operación concluye -dicen los denunciantes- con el avance de Avianca en el proceso de asignación de rutas comerciales”.
Lo que en verdad habría que haber investigado es la causa por las que se había firmado ese ruinoso convenio para el estado y los contribuyentes entre ARG y SOL.
La denuncia se sustenta también en hechos poco serios como la continuidad del Sr. Carlos Colunga como Vicepresidente de la nueva sociedad AVIAN o la eventual complicidad para realizar esta maniobra del Señor Germán Efromovich, pero en fin es lo que hay en la política argentina. Debemos decir que Enrique Garcia Moreno, que era Gerente de operaciones ya dejó la empresa.
Por otra parte es lógico que cuando se transfiere una empresa ciertos funcionarios permanezcan, sea por la necesidad de  garantizar una continuidad en el funcionamiento durante la necesaria transición o por su calidad como empresarios.
El gobierno dio un ejemplo con la continuidad del Ministro Lino Barañao, también le pedirán el juicio político al presidente Macri por ese hecho?
Como ya lo expuse en otras notas lo que es necesario investigar y ello será procedente una vez que se adjudiquen las rutas en cuestión, hecho que aun no ocurrió, es si se cumplió con lo dispuesto por el art. 99 del Código aeronáutico, es decir que el poder de decisión corresponda a argentinos con domicilio real en Argentina y si se respetaron  los art. 15 y 32 de la ley 19030, normas que el Ministro Dietrich pareciera no conocer.
Para la concesión de rutas internacionales se debe contar con el consenso de ARG y para conceder rutas de cabotaje, se debe respetar el 50% de los asientos por KM ofrecidos que le pertenecen por mandato legal.  
Lo cierto es que si se concedieran las rutas según lo aconsejó la JATA, el funcionario que así lo disponga incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público por no aplicar leyes vigentes.
Lo demás es basura que intoxica.
Reitero una vez más que personalmente he propiciado y propicio la modificación del art. 99 citado y la reforma del código aeronáutico y  la  derogación de la cavernaria ley 19030, pero mientras tanto “dura lex sed lex”.

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